Empezamos la investigación alrededor de la banda migueleña Los Perrones hace casi medio año. Desde entonces, un equipo de periodistas siguió varias pistas que, en un inicio, eran solo eso, indicios. Preguntamos a multitud de fuentes en la mayoría de instituciones relacionadas con la persecución del delito en el país. Unos intentaron despistarnos, otros no nos dieron importancia y algunos, los menos, entendieron la importancia de que un caso tan trascendental conociera la luz pública por las implicaciones nacionales que tiene. El de Los Perrones no es un show propagandístico de las autoridades, no es un caso de poca monta; es, como dijo el fin de semana pasado el fiscal general, un caso de “alcances nunca vistos” en la historia judicial salvadoreña.

En este periódico tuvimos indicios de esa trascendencia, como dije, hace casi medio año, cuando oficiales con los que habíamos trabado una sana relación fuente-periodista empezaron a confirmar cosas que supimos tras revisar una importante cantidad de archivos y expedientes judiciales, o de relacionar algunos casos que primero aparecieron aislados unos de otros.

Con los indicios en la mano nos metimos a la más complicada de la etapas en la investigación periodística: las confirmaciones. Publicamos, entre tanto, un seguimiento completo sobre las capturas y procesos judiciales del sargento Nelson Arriaza y del agente Carlos Chévez, a la postre relacionados con Los Perrones. En ese reporteo escuchamos con mucha fuerza sobre la existencia de un grupo de crimen organizado que se había enquistado en la institucionalidad migueleña. Cuando las unidades élite de la fiscalía dirigieron un operativo para intentar atrapar a Reynerio Flores Lazo, lo que sabíamos empezó a adquirir más cuerpo informativo. Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa; faltaba unirlas.

El momento más importante ocurrió cuando supimos que la Fiscalía estaba lista para efectuar la captura de un tercer empresario migueleño asociado a la banda: los fiscales habían decidido ir hasta las entrañas mismas del consorcio. En ese momento ya teníamos bastante claro cómo funcionaba la estructura criminal y sabíamos del alcance que había tenido la penetración que Los Perrones lograron en la policía, órgano judicial y otras instituciones públicas migueleñas. Teníamos confirmados nombres, relaciones y la participación de un agente y un jefe regional de la División Antinarcóticos. Las fuentes habían vuelto a decir, además, que “todo el sistema en San Miguel está infiltrado”. Era el momento de publicar. Lo hicimos.

Un día después, el fiscal Félix Safie confirmó en conferencia de prensa los alcances del tema. Él ha sido, hasta ahora, el único funcionario público que ha dado la cara. También el inspector general de la Policía. Ni el director de la PNC ni autoridad alguna de Seguridad Pública ni el Órgano Judicial han dicho esta boca es mía. Si el fiscal general habla de un caso con “alcances nunca vistos”, es muy grave que la máxima autoridad guarde silencio. Estamos esperando respuestas. La única que hemos obtenido hasta ahora es la del viceministro de Seguridad, quien se mostró molesto por algunas preguntas y recurrió a una fórmula bastante falaz para contestarnos: “los periodistas nos precipitan a dar información que no tenemos y nos arruinan las investigaciones”. No. Los periodistas, muchas veces, publicamos información que, si dependiera de las autoridades, nunca sería pública.

El de Los Perrones es un caso que revela infiltración del narcotráfico en la institucionalidad pública (¿y nos jactamos de no ser como Guatemala?). De eso hay que hablar. ¿Qué opinan los blogueros?

Dicen los buseros que “como muestra de buena voluntad” van a volver a cobrar $0.25 a partir de mañana, domingo. A la hora que escribo esto, 4:05 p.m. del sábado, las unidades siguen con el precio de $0.30, según me informa el reportero de guardia esta fin de semana. ¿Muestra de buena voluntad? Es para reírse no. En español-salvadoreño plano, eso significa ganar tiempo para presionar al Ejecutivo por debajo de la mes.

No solo fue el paro. También, como si fuese el final anunciado de un guión macabro, los 13 muertos del accidente de un bus del transporte público -¡al que se le cayó el motor en plena marcha en la carretera a Metapán!- vuelven a hablar de la ineficacia, la falla, del Estado salvadoreño para sacar de la ilegalidad al servicio colectivo. Lo digo con todo el respeto para los dolientes.
La ecuación es muy simple: el Estado, en el caso de los transportistas, ha avalado, promovido y se ha aprovechado del irrespeto a la ley que nos rige a todos. Al estado salvadoreño aplica, en este caso, el apelativo de fallido, el mismo que la ONU utilizó para calificar a Guatemala en el caso del narcotráfico.
Ha fallado el Ejecutivo, tanto el presidente de la república como sus viceministros de Transporte. Ha fallado el legislativo, tanto el FMLN como ARENA, el PCN, CD y el PDC, por acción o por omisión. Y ha fallado el Judicial al amparar la ilegalidad. Ha fallado todo el aparato político salvadoreño: todos los partidos, únicos instrumentos ciudadanos para acceder al poder, han preferido cumplir sus compromisos particulares con las gremiales del transporte, que proteger las vidas de quienes los eligen.
Los muertos del accidente de ayer, que a estas alturas (2 horas después de que empecé a escribir y tras asistir a la reunion vespertina de la mesa de editores) ya suman 15, son responsabilidad de todos y cada uno de los diputados que, por no votar o abstenerse, han impedido que en este país haya una ley que proteja a terceros o que obligue a los empresarios a contratar seguros de vida. Esos cadáveres, como todos los demás, van a sus cuentas, señores políticos, supuestos protectores de la cosa pública.
Hoy todos deben responder. Primero, el Ejecutivo. Esta es, en realidad, la primera gran crisis pública de la administración Saca. Cuando llegó al despacho, el presidente actual hizo gala de gran habilidad política para acallar los reflujos que aún quedaban de los conflictos gremiales que tanto capital habían costado a Francisco Flores. Saca logró, en las primeras de cambio, neutralizar a Ricardo Monge, el sindicalista del Seguro Social que puso en jaque a la administración anterior. La foto, muy comentada hace tres años, es ahora un simple recuerdo de aquella luna de miel. La cosa cambió drásticamente ahora: los transportistas han tenido un éxito bastante considerable con el paro que convocaron hoy y, de paso, volvieron a desnudar sin verguenza alguna la inutilidad del Estado -que no del Ejecutivo exclusivamente- a la hora de lidiar con el tema. Se requiere, pienso, del poder de maniobra del presidente de la república para poner fin a la infamia.
Y deben responder, también, los candidatos. Señores Rodrigo Ávila y Mauricio Funes, ¿qué proponen ustedes en sus plataformas de gobierno para que el gremio de transportistas no controle a su antojo al aparato estatal? ¿Están dispuestos a amarrarse los pantalones o jugarán también a dejar hacer para no asumir costos políticos? Si pretenden ser el presidente de los salvadoreños esta es una de las preguntas que deben contestar.

Nota a los lectores. Algunos de ustedes me han reclamado por no subir sus comentarios. Los subo casi todos, y cuando no lo hago es por una de dos razones: insultos a terceras personas o porque considero que, por los tintes evidentemente ideológicos -de izquierda o derecha-, un comentario no aporta en nada al debate de altura. Sobre el hijo de Rodolfo Párker, lo siguiente: ¿No creen que hay cosas más importantes de las que hablar? ¿No es más importante elaborar periodísticamente sobre los usos políticos del señor Párker que sobre los destinos de su hijo?

Víctor Rivera, un emblemático policía venezolano que asesoró a gobiernos democristianos y areneros en El Salvador, saltó a la palestra pública en el país cuando un grupo de reporteros ventiló lo vínculos con la viciada investigación alrededor del asesinato del joven Adriano Vilanova, un estudiante de clase media que murió tras la paliza que le propinaron policías destacados en Panchimalco. Las referencias a Rivera, conocido en el mundillo policial como Zacarías, estuvieron plagadas en este caso de oscuros señalamientos por la manipulación de las pesquisas para encubrir a los agentes asesinos. Tampoco se aclaró, nunca, su verdadero rol en el famoso caso secuestros, un megaexpediente judicial que reunió varios casos de plagio (Suster, Salume, Sol Bang). No pasó mucho tiempo tras la condena a los policías de Panchimalco por el asesinato de Vilanova antes de que las autoridades salvadoreñas, en aquellos tiempos encabezadas por Hugo Barrera –ex ministro de Seguridad y reciente precandidato a la presidencia–, renegaran de él y sepultaran al “útil” asesor en los cajones más oscuros del sistema.

Ayer, en la zona 15 de ciudad Guatemala, Zacarías fue ejecutado. Interesante tema cuando se relacionan los hechos previos al asesinato:

1. Zacarías volvió a las primeras planas salvadoreñas a principios de 2007 cuando los colegas de Guatemala informaron que el venezolano, entonces asesor del gobierno de Óscar Berger, era el jefe investigador en el caso de los tres parlamentarios y el motorista salvadoreños asesinados en tierras chapinas. Los familiares de los deudos, y funcionarios de Seguridad Pública, renegaron de la presencia de Zacarías en la investigación.

2. El venezolano, aun en los primeros días de la administración de Álvaro Colom, investigó la red de Manuel Castillo, el alcalde-narco de Jutiapa implicado con el caso de los diputados.

3. En el interín, el nombre Víctor Rivera volvió a sonar en la investigación por el robo de $8,000,000 en el aeropuerto guatemalteco. Medios de prensa chapines manejaron versiones que implicaban a Zacarías en el asunto.

4. Hace poco menos de una semana, el presidente Colom despachó a Zacarías; lo despidió. La causa, según dijo el mandatario, fue que el grupo del venezolano –una especie de unidad élite de investigación formada por siete agentes– era “demasiado independiente”.

5. Todo ocurre en un contexto centroamericano marcado por eventos que hablan, otra vez y ahora con bastante claridad, sobre la infiltración del narco en las instituciones nacionales.

Ayer, durante los contactos que tuvimos desde la redacción con periodistas guatemaltecos adelantamos algunas de las hipótesis que en aquel país se movían alrededor del tema: ejecución ordenada por narcos tras la investigación que Zacarías dirigió contra Manuel Castillo, alias Manolito; vendettas relacionadas con el robo en La Aurora e, incluso, relación del crimen con un ex candidato presidencial guatemalteco con el que Rivera tenía malas vibras. Queda tela que cortar. Mucha. Y esto habla otra vez del inmenso peligro de que el crimen organizado nos esté viendo de reojo desde muy cerca.

Oigo o leo a muchos analistas políticos –¿quién les puso el mote?– hablando sobre la labor de los grandes medios de comunicación en campaña política. Y oigo diversas opiniones de mis colegas sobre el tema: desde los más sensatas, que suelen provenir de quienes llevan años ya en esto y elaboran con mucha inteligencia sobre los retos de nuestro día a día, hasta las más trasnochadas, que pretenden esconder entre vericuetos retóricos que apelan a la libertad de prensa evidentes simpatías por izquierdas o derechas.

Me detengo en esto de las filias y las fobias partidarias para ilustrar. Hay, porque los hay aún en las redacciones, quienes, partiendo de torcidos sofismas, entienden que la justicia es un valor atribuible solo a la izquierda política y luego, al apelar al valor de la justicia editorial como algo intrínseco al oficio de informar, terminan concluyendo que las elaboraciones construidas sobre las banderas que las izquierdas se autoasignan en la tribuna pública son más cercanas a los valores que pregonan los manuales de ética del periodismo dictados por las universidades. Error. La izquierda, como la derecha, se dicen depositarias de valores universales, pero sus reales prácticas políticas en el escenario salvadoreño rebosan por igual de todos los antivalores inmaginables. Y, para lo que nos atañe, el valor de la justicia editorial debe partir, solo, de la buena práctica periodística, de la más básica: balance de fuentes, la duda intrínseca, el escepticismo ante el panfleto, el alejamiento indispensable de la ideología, por decir cuatro.

Y también están los periodistas que se esconden bajo un macabro pragmatismo para justificar censuras o malas prácticas diarias. En este último escenario son típicos los usos burdos de frases sacadas de contexto para ilustrar ideas editoriales que el periodista, el editor o el medio quieren destacar sobre algún político, candidato o partido. Este es el mundo de las verdades a medias o las mentiras a tres cuartos. En estos casos, la influencia, creo, viene más desde las derechas políticas de nuestro país, las cuales suelen apelar a ideas generales, como el “bien público” o la “idea país”, para evadir preguntas incómodas. Y, en estos casos, lo más triste es que los periodistas hacen las preguntas, pero se conforman con la respuesta que, de entrada, saben falsa (¿Ejemplo? “Todo ha sido transparente”). O terminan comprando las excusas que les venden en los despachos o en los off the records (“La gobernabilidad requiere a veces de prácticas complicadas”).

Estos pecados periodísticos, que no son nimios, suelen agravarse en campañas políticas, y en su esencia están, además de las malas intenciones de algunas fuentes, la arrogancia tan propia de nuestro oficio, esa que nos impide entender cómo nuestras propias limitaciones intelectuales y académicas terminan por cegarnos ante la realidad o la manipulación de los informantes interesados.

Los retos en campaña, digo, no son pocos. El primero es, creo, terminar de entender nuestras limitaciones –y empezar a superarlas–  antes de creernos los actores políticos de la obra. Somos actores políticos, sí, pero en el sentido griego del término, es decir, debemos entendernos, periodistas, como ciudadanos que desempeñan un rol específico en la sociedad y en esta coyuntura electoral. Desde mi perspectiva, es uno el rol básico que nos toca desempeñar, el de informadores. Debemos, primero, informar sobre lo que cada partido y candidato propone para gobernar. (Por eso me causó gran satisfacción como el equipo político de esta redacción puso la pauta a los tres precandidatos areneros para que hablaran de temas importantes, como el financiemiento del Estado, la debilidad concertadora de la fracción legislativa o la necesidad de desideologizar la política. Fue ese equipo el que puso pauta en la discusión; el resto de medios siguió y el país ganó en propuestas. Lo  mismo toca para la entrevista de salida de Mauricio Funes: fue LA PRENSA GRÁFICA, en una entrevista de cinco páginas, la que expuso las primeras ideas de este candidato). Otra función, importante también, es la que apela a nuestro nombre: somos mediadores. Ya está hecha, por eso, una invitación desde este periódico, del puño y letra de su presidente, para que los candidatos debatan y propongan.

Siempre que entendamos para qué estamos, y logremos sacudirnos todos los tufillos ideológicos y utilitarios, los periodistas seguiremos siendo indispensables en campañas políticas. Ahora más que nunca.

Lo que sucede a estas horas en Oriente podría ser el operativo contra el narco más importante de los últimos años en el país. Hasta ahora, y luego de los decomisos realizados en las bodegas San Jorge hace una década, la acción de las autoridades antinarcóticos  se había limitado en la práctica a capturar las narcolanchas que la vigilancia estodounidense en el Pacífico tiraba hasta nuestras costas. Así cuenta El Salvador, en kilogramos y con mucho esfuerzo, los decomisos de coca. Aunque el Departamento de Estado en Washington lleva lustros insistiendo en que por la Panamericana pasa la droga, en furgones; y que también entra por Acajutla; y por el Golfo de Fonseca.