Hasta hace una semana se creía que en el país había poco más de 7 millones de personas. Eso le dejaba una tasa de 49.1 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes en el territorio nacional.

El censo de Población 2007 ha revelado un problema —ignorado por falta de datos— más grave: la tasa nacional del país se cristaliza en que, el año anterior, un promedio de 60.7 personas fueron asesinadas por cada 100,000, tasado con los 5.7 millones de la población total de El Salvador.

Aunque la cifra de homicidios sigue siendo la misma —determinada en 3,491 para 2007, según el consolidado del Instituto de Medicina Legal (IML), Fiscalía General de la República (FGR) y PNC—, hasta hace unos días, los datos se basaban y distribuían de acuerdo a las proyecciones que la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) poseía para el año 2007, con una población nacional de 7.1 millones.

Pese a que los recientes datos lanzan de 62 personas asesinadas a un promedio de 100 por cada 100,000 habitantes solo para el municipio de San Salvador, tomando en cuenta los 318 homicidios perpetrados en esta zona durante 2007, el problema en años anteriores era peor y, de nueva cuenta, sin certeza de él . Ello puede verse reflejado retomando el consolidado de asesinatos del año 2006.

En tal registro, los homicidios cometidos en el país llegaron a 3,928, el cual ha sido, por más, el año en que más personas han sido asesinadas, abarcando un espectro de toda una década.

Con tal cifra, y tomando en cuenta datos del Censo recabados en el año 2007, la tasa de asesinatos en el año inmediato inferior llega a casi 70 personas, con un promedio de 68.3 por cada 100,000 habitantes para 2006.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo especializado de las Naciones Unidas, sitúa que una tasa de 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes debe considerarse una epidemia.

El estigma de violencia del país es ampliamente “reconocido” a escala internacional, y ha sido citado como tal desde, por lo menos, hace un decenio.

De ello dan cuenta publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ubicó la capital de San Salvador en un “ranking” superando a Bogotá (Colombia) y cercana a Ciudad Guatemala, desde 1997.

El ex director de la OMS, Lee Jong-wook, aseveró durante una conferencia y encuentro regional en Perú, en 2004, que las tasas más elevadas de homicidios, entre jóvenes de 10 a 24 años, pueden encontrarse en El Salvador, Colombia y Puerto Rico.

Los datos del nuevo censo arrojan, además, que 0.31% de los 5.7 millones de salvadoreños contabilizados están recluidos en algún centro penal, tomando en cuenta que la Dirección de Centro Penales aseguró que, el año pasado, cerró con 18,000 internos.

Aunque algunos municipios, los mismos desde hace, por lo menos, cuatro años en conjuntar la mayor cantidad de asesinatos —y casi siempre del departamento de San Salvador—, no llegan a los 100,000 habitantes, reflejan tasas de hasta 170 asesinatos por cada 100,000, como en el caso de Quezaltepeque, La Libertad.

A la expectativa

Autoridades salvadoreñas en el tema de seguridad coinciden en mantenerse a la expectativa de una interpretación más exhaustiva de los nuevos datos del censo de población en lo que al área social respecta.

Cuestionado acerca de niveles de riesgo, para el viceministro de Seguridad, Ástor Escalante, “los nuevos datos del censo no tienen gran impacto en las estadísticas de homicidio” y añade que todos los delitos “van a la baja”.

El país experimentó, de 2006 a 2007, una de las reducciones más importantes en asesinatos con un total de 437. En virtud de ello, el subdirector general de la PNC, José Luis Tobar Prieto, dijo: “Vamos a continuar trabajando en los 20 municipios con mayor incidencia delincuencial”. Y agregó: “Si hay cambios (en la población), nosotros también lo vamos a hacer en la operatividad policial en el terreno”.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) —quienes en repetidas ocasiones han realizado llamados de atención públicos a una mayor efectividad en el tema de seguridad—, Raúl Melara, respecto al manejo del tema de seguridad, comenta: “Hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho, pero no podemos darnos por satisfechos”.

La tónica de apuntalamiento es señalada por Escalante, quien dice que se necesita “fortalecer la investigación”; así como el director del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), quien detalla que el reforzamiento implicaría la aprobación de las escuchas telefónicas a través de una orden judicial —proyecto entrampado en la Asamblea Legislativa, pues se dice que es anticonstitucional— y que, además, se apruebe el nuevo código procesal penal, así como un nuevo código penal, y agrega que “van a profundizar la prevención de la violencia en lugares de alto riesgo”.