Cuando el ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo se apegó al fuero que tenía como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) —después que el gobierno de Óscar Berger lo acusara de malversar cerca de $16 millones— no se imaginó que desencadenaría una limitación de la inmunidad de la que gozaban él y sus colegas.

El ex mandatario argumentó ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que no podía ser perseguido penalmente por ser diputado del PARLACEN, cosa que al gobierno de turno no le importó, y lo procesó en el Juzgado Quinto de lo Penal de Guatemala, por el delito de peculado.

“Pidió que el proceso fuera suspendido, se anulara la orden de arresto y declarada la responsabilidad del Estado por no seguir el procedimiento de desafuero”, explicó el presidente del máximo Tribunal de Justicia a escala centroamericana, Francisco Darío Lobo.

La batalla fue ganada a medias por Portillo, porque se dijo que se había seguido un mal procedimiento, pero deja a la región una resolución que limita la inmunidad que ostentan los diputados del parlamento.