Farith Simon es un abogado ecuatoriano que conoce mucho El Salvador. Su paso por el país incluye cátedras en la UCA y consultorías en UNICEF. Su campo de trabajo son los derechos de los niños, área de la que tiene una maestría de la Universidad Internacional de Andalucía.

Sus credenciales en materia de protección infantil van desde la redacción del proyecto del Código de Niñez y Adolescencia, aprobado en Ecuador, y formar parte del directorio del Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA).

El martes pasado estuvo en El Salvador y dictó una conferencia sobre la atención integral a la niñez. Para él, los problemas de protección a niños y niñas tienen que ver con la visión de las instituciones estatales y la forma en que estas responden, además de las acciones que los funcionarios adoptan para proteger su fuente de ingresos y la forma como trabajan.

Lanza una advertencia: “Los niños no son propiedad del Estado. El Estado no puede asumir como propietario de los niños que tienen problemas”. Eso no significa que no tiene responsabilidad. Al contrario, debe garantizar las condiciones para cuidar a los pequeños que sufren maltrato en sus hogares, lo que implica cuidar de ellos, no servir como su última morada, como le sucedió a Erick Amaya, un niño de 18 meses que murió en un Centro Infantil de Protección Inmediata (CIPI) del Instituto de Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).

Instituciones como el ISNA, que centralizan la atención de los niños, pero con deficiencias en presupuesto y atención, ¿son un ejemplo de cómo no deben ser?

El tema central es que las necesidades de la infancia son complejas, extensas. Y la idea de que una sola institución puede responder a todas ellas es un error. Realmente, lo que está pasando en los sistemas exitosos es que hay una variedad de respuestas, que se centran en unas cuestiones básicas. Uno es la importancia de la familia. El grueso de los programas está dirigido a asegurar que la familia tenga la capacidad de asumir la responsabilidad que tiene para velar por la vida de los niños. Es decir, para ayudarles para que puedan hacer lo que tienen que hacer cuando no lo pueden hacer. Y esto está vinculado con la separación del niño de su familia. Es una medida extrema y como último recurso.

Si una institución va a tomar a un niño, debe tener los recursos para hacerlo, ¿verdad?

Sí, pero debe ser por el menor tiempo posible. La ‘institucionalización’ del niño es un recurso de última instancia, pero por el menor tiempo posible. Pero cuando una institución ya tiene el niño, es una responsabilidad altísima. Tiene que tener las condiciones, que no necesariamente tiene que tener al interior de la institución, sino que debe estar construida de tal manera que pueda satisfacer.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, en las instituciones cerradas no es la idea que tenga un médico dentro o un servicio odontológico, ¡no!, sino que tenga la capacidad de tener esos servicios. Así, si llega un niño o un grupo de niños en una situación de emergencia el primer lugar por el que tendrían que pasar es por un examen médico, que no necesariamente tiene que ser la institución la que lo brinde. Puede ser coordinado con los servicios de salud. Si un niño tiene una deficiencia nutricional, no es que sea un médico de la institución el que haga la valoración, sino otro. Si las instituciones aceptan que son espacios que se interrelacionan con otros programas y servicios son más eficientes. Si uno quiere tener todos los servicios dentro, que es una forma de justificar presupuesto, se cometen errores, porque nunca se va a tener toda la capacidad de tener todos esos servicios al interior. Es mucho más eficiente pensar cómo se van a tener otros servicios que se integren al servicio principal, que es la función de atención.

Usted dijo en su ponencia en el foro de UNICEF que las instituciones que atienden niños también deben acreditar que su servicio, aunque sea estatal, sea de calidad, ¿qué significa?

Una condición básica es que todo servicio de atención a la infancia tiene que acreditarse, en el sentido de que tiene que tener las mínimas condiciones. Generalmente, lo que ha pasado es que los servicios públicos, por ser estatales, se considera que no tiene que tener un requisito adicional al de existencia. Pero en el tema de infancia, no. Tiene que justificar ciertas condiciones del personal, infraestructura y de ciertas condiciones del servicio en sí mismo. Los niños no son propiedad del Estado. El Estado no puede asumir como propietario de los niños que tienen problemas. El Estado brinda parte de las respuestas que se deben dar y los niños son sujetos de derechos; por lo tanto, la relación entre Estado y el niño es con la de un sujeto. Los mayores abusos documentados en la historia de la humanidad son en nombre de la protección. Es increíble cuando uno lee que en nombre de proteger se cometen abusos.

En El Salvador se lleva años debatiendo una Ley Integral de la Niñez y la Adolescencia. Usted decía que cuando hay una transición entre un sistema centralizado a uno integral hay resistencias y pareciera ser que las instituciones se convierten en fines en sí mismas.

Exacto. Lo que pasa es que todo proceso de transformación legal e institucional suele significar pérdida de poder, pérdida de recursos y pérdida de privilegios para alguien y significa que alguien, quiérase o no, va a tener esos recursos y privilegios. La desaparición de alguien significa el surgimiento de otro. Si uno no establece con claridad desde el principio que estas nuevas instituciones son medios y que van a ser evaluados en función de la consecución de ciertos objetivos, rápidamente las instituciones se justifican a sí mismas y vuelven a ser más de lo mismo. Y si uno no elabora un período de transición donde el personal, los mecanismos, etc. son adecuadamente implementados, muy rápidamente las instituciones vuelven a hacer lo que hacían las anteriores. En la legislación de la infancia hay una situación de cambios culturales, es un cambio de ley, pero un cambio de comprensión también, sobre cómo son los niños y cómo se les atiende. Si uno no enseña a hacer las cosas de manera distinta, uno lo que hace es hacer lo que hacía antes, pero cambiándole de nombre. Como uno no sabe qué hacer, regresa a ver cómo se hacía. Eso ha pasado en Ecuador en algunas instituciones.

Usted que dirigió en Ecuador el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, el INNFA, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando se recibe a un niño en situación de emergencia, cuando la Policía los lleva por maltrato o abuso?

Cuando uno habla de políticas de infancia se refiere a protección integral o políticas públicas globales, es decir, atención para todos los niños y niñas, que son educación y salud. Después hay políticas de protección especial, que se refieren a un grupo de población. Todos los niños y niñas tienen derecho a salud, pero solo tienen derecho a protección especial los que son maltratados. En el sistema de protección al maltrato, que lleva muchos años en el Ecuador, se ha diferenciado la atención de la emergencia, cuando el niño está amenazado, que es el retiro y protección y el ingreso a los programas de protección, donde se privilegian los de carácter familiar. Hay muchas instituciones de refugio de niños, pero se privilegia que antes de ponerlo en una institución se le ponga en espacios más cercanos a la vida del niño: familia y otros parientes. Las instituciones son recursos de última instancia.

En El Salvador pareciera ser que las cosas están patas arribas, porque el programa de hogares sustitutos está suspendido y se privilegia el internamiento “para proteger”.

Para términos de organización del Estado es más fácil poner cuatro paredes, unas camas y personal dentro de la institución. Es más difícil encontrar familias, capacitar familias y supervisar familias. Pero que sea lo más fácil no significa que sea lo mejor. Generalmente tiene que ver con los problemas de la asignación de recursos. Económicamente está demostrado que soluciones como los hogares acogientes o colocación con familiares son más baratos a mediano plazo que las instituciones. Las instituciones requieren muchos recursos para mantenerlas a largo plazo. Pero es la respuesta de una institucionalidad débil. Es más fácil tener un hogar donde meter niños que capacitar, entrenar y supervisar.