Once asesores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ganaron $194 mil 414, pero no dejaron evidencia documental que justifique su trabajo. El visto bueno de la presidencia, con la rúbrica de Agustín García Calderón, fue suficiente para autorizar los desembolsos.
Ese es uno de los cuestionamientos por los cuales el máximo tribunal de justicia enfrenta un juicio en la Cámara Tercera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas. Los reproches a la gestión financiera corresponden al período entre el 1.º de enero y 31 de diciembre de 2004 y aún no han sido solventados.
“Dichos pagos se efectuaron sin que estos hayan presentado informes de los trabajos desarrollados durante cada mes, únicamente existen notas remiti-das al jefe de la unidad financiera por parte del presidente de la CSJ, para que se proceda al pago de dichos servicios”, dicen los auditores.
La cláusula uno del contrato para la prestación de servicios profesionales establece que se deben autorizar los pagos contra la presentación de informes mensuales. En un memorándum del 28 de agosto de 2005, la tesorera de la CSJ responde que a la naturaleza del gasto se le da un tratamiento de carácter confidencial.
El informe final de auditoría fue notificado a finales de mayo pasado a la gerencia general, según lo confirmó el presidente de la contraloría, Hernán Contreras. A partir de la notificación, las autoridades de la Corte tienen un nuevo período para presentar pruebas de desvanecimiento.
“Tenemos todos los informes de los asesores. Lo que pasa es que ellos no han llegado a las secretarías respectivas de la secretaría y la gerencia general”, dijo en su momento el gerente general de la CSJ, Óscar Morales.
Sobre la confidencialidad de los informes de los asesores, Morales dijo que nunca han negado una información a los auditores, de hecho recuerda que la misma ley los obliga a entregar todos los documentos. “Nunca le hemos negado una información, como insisto; al conocer esto oficialmente ahí tenemos los informes para proporcionárselos.”
No sería la primera vez que los asesores del máximo tribunal están en entredicho. El 5 de junio de 2002, una investigación de este periódico puso al descubierto algunas anomalías en el tema de asesores. Por ejemplo, se descubrió que Guillermo Wellman era, al mismo tiempo, asesor de la CSJ y de la Asamblea Legislativa.
Hasta ahora, según Morales, ninguna cámara de la Corte ha confirmado los señalamientos de los auditores, que esta vez son examinados por la contraloría en medio de renovadas quejas de diversos sectores por falta de transparencia en el Judicial (ver página 4).
“Atenciones sociales”
Durante 2004, las erogaciones de la CSJ en alimentación y “atenciones sociales” ascendieron a $38 mil 212. Además, se cuestiona otros $11 mil 290 que se desembolsaron en concepto de cuotas de alimentación a la escolta presidencial y de los magistrados, aun cuando no se justificó que los gastos eran por misión oficial.
“Recomendamos girar instrucciones a la unidad financiera para que en todo pago en concepto de servicios de alimentación a los miembros de la escolta presidencial y de magistrados se verifique la misión oficial que han realizado, a efecto si tienen derecho a la cuota”, dice el documento.
Morales dijo que ese mismo reproche se realizó en auditorías pasadas, pero que la Cámara Primera de Primera Instancia resolvió favorablemente. Agregó que las cuotas para la escolta se suspendieron en el año 2004.
Sin embargo, la auditoría comprende de enero a diciembre de ese año y el funcionario se deslindó: “Cuando nosotros vamos a la discusión le pedimos los papeles de trabajo, puede ser que haya sido un pago de enero a febrero, un ejemplo, esa es la observación que ellos me están sacando, pero ya de ahí fue donde se suspendió, pero como se pagó esos dos meses quizá por eso lo están sacando”. Sobre el gasto de $38 mil, dijo que eran alimentos en eventos de capacitación.
También ha sido cuestionado un sobregiro bancario por $1 mil 274 para cubrir diversos pagos hechos demás. Estos casos pasaron a conocimiento de la Cámara Tercera de Primera Instancia para que se establezcan las responsabilidades.
