La Corte Suprema de Justicia (CSJ) canceló $151 mil 436 en un proyecto de modernización, el cual ya tiene su propia fuente de financiamiento.
El proyecto Modernización del Órgano Judicial es financiado por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento y una contrapartida. La CSJ realizó apoyos que registró como gastos de operación, situación que evidencia falta de planificación, consideran los auditores.
El gerente de la CSJ, Óscar Armando Morales, dijo que se hizo una transferencia de préstamo al proyecto, situación que no está prohibida por la normativa. Rechaza al mismo tiempo que eso sea una muestra de falta de planificación.
Otro de los gastos observados es el de $55 mil 712 que se pagó por el arrendamiento y la vigilancia en una bodega ubicada en la colonia Cucumacayán. Según los auditores del sector justicia y ramo de economía, los costos de inversión no compensan los beneficios obtenidos.
Es decir, que el máximo tribunal podría haber aplicado otras disposiciones de la Ley de Administración Financiera, como donar o subastar el equipo, medida con la que no incurrían en gastos para tener bienes que tienen nula importancia en el actual sistema de administración de justicia. Morales respondió a ese señalamiento que cuando los auditores realizaron su visita de campo, la bodega estaba semivacía porque los bienes ya habían sido trasladados a otra bodega judicial, sobre la Troncal del Norte.
El último reproche fuerte es el pago de $4 mil 800 en el arrendamiento de una vivienda en Usulután que se utilizaría para instalar las oficinas regionales del Instituto de Medicina Legal. Se trasladaron 15 meses después de haber legalizado el contrato. Morales justificó: “Teníamos que hacer unos reacomodos, ninguna casa de alquiler está apta para montar un cuarto frío de cadáveres”.
