Después de 13 meses de proceso judicial, siete empleados y concejales de la alcaldía municipal de San José Villa Nueva, La Libertad, procesados por los delitos de peculado, agrupaciones y negociaciones ilícitas fueron exonerados de un fraude de $250 mil.
A petición de la Fiscalía, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla ordenó un sobreseimiento definitivo por las agrupaciones ilícitas. El mismo tribunal ordenó una exoneración provisional por peculado que favorece al ex jefe de catastro Esteban Castro de León, a la contadora Carolina del Carmen Morales y a la concejal Marta Elizabeth Guzmán.
La Fiscalía había solicitado la apertura de juicio por el delito de negociaciones ilícitas contra la ex jefe de la UACI Ana Dinora Lourdes de Ascencio, el síndico Wilber Ernesto Navarro García y los regidores Marta Alicia González de Vizcarra y Pablo Paredes Ramírez.
Sin embargo, el juez Antonio González Núñez consideró que la investigación era deficiente y ordenó un sobreseimiento provisional. La FGR tiene un año para presentar nueva prueba y pedir la reapertura del expediente.
Según Núñez, la FGR pretendía probar el delito con un acta municipal del 2 de diciembre de 2004, en la que se le adjudica dos obras a la empresa PRODIEL. “Había dos aspectos: que no todos los que firmaron estaban acusados y por qué ahí firmó el alcalde y no estaba acusado. La primera regidora no estuvo de acuerdo y no firmó. Por solo el hecho de firmar no se prueba la negociación ilícita.”
La fiscal María Zenayda Rivera Monge cuestionó la decisión judicial porque, dice, el tribunal no aplicó el principio de la sana crítica. Argumenta que un empresario, el dueño de PRODIEL, confesó que los concejales le pidieron dinero y que sirvió de prestanombre a Ingenierías Integradas, cuyo propietario, Jaime Guzmán, es prófugo.
Rivera Monge añadió que minutos después de que se adjudicaron los proyectos, los concejales recibieron sobornos, cheques por un $1 mil 600.
Núñez dijo que esos cheques no fueron agregados en la acusación y, por lo tanto, el fundamento de la petición “no era pertinente ni legal”. Dice que el principal implicado no fue acusado. “El alcalde es en realidad el que ha estado haciendo las babosadas”, dijo.
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