“Señores jueces, yo ya soy una persona muerta”, advirtió un testigo a los tres jueces del Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador que en un juicio lo obligaron a declarar con el rostro descubierto frente al acusado. Dos semanas después, el presagio se convirtió en realidad. El testigo fue asesinado.
El triste final, para el declarante llamado “Manuel”, trascendió hasta ayer, dos días después de que LA PRENSA GRÁFICA publicó que ese tribunal obligó a una mujer a testificar frente a tres hombres por un homicidio en Rosario de Mora, al sur de la capital (ver nota aparte).
El 19 de septiembre de 2005, “Manuel” acudió a declarar contra un pandillero acusado por el homicidio de Juan Ramón Mendoza Villeda, hecho ocurrido el 10 de octubre de 2004 en la comunidad Villa de Jesús, en Soyapango.
En esa fecha, el declarante, quien era un pandillero retirado y convertido al cristianismo, recién salía del culto rumbo a su casa, cuando observó a cinco pandilleros que con palos puntiagudos golpeaban a Mendoza, al que también lanzaron piedras hasta matarlo.
Desde entonces, se convirtió en testigo con “régimen de protección”, el cual se limitaba a dar a conocer su identidad. No tenía seguridad, porque vivía en la misma comunidad donde ocurrió el crimen que observó y eso lo podía delatar como testigo, argumenta hoy la Fiscalía de Soyapango.
Aseguran los fiscales que al momento que le tocó declarar, el Tribunal Quinto de Sentencia reveló su nombre, Tony Alexander Pacas Melgar, ante el imputado; y aunque los fiscales se opusieron, el tribunal obligó al testigo a declarar, si no lo hacía, amenazó con procesarlo.
El presidente del tribunal, Luis Edgardo Larrama, dijo ayer que no se acordaba el caso, pero negó que obliguen a los testigos a declarar.
“Nosotros les quitamos el régimen de protección, pero es la Fiscalía la que decide si prescinde o no de un testigo”, aseveró Larrama.
La Fiscalía, presente en el juicio, no comparte ese criterio y asegura que el testigo, visiblemente nervioso y atemorizado, tuvo que declarar “cara a cara” contra el imputado Anderson Ernesto Baires, quien al final fue condenado a la pena de 25 años de prisión.
El temor del testigo no era para menos, sabía que tres de los pandilleros que participaron en el crimen que él observó andaban sueltos.
En efecto, el tiempo dio la razón a Pacas. El 4 de octubre de ese año, es decir, 15 días después de haber advertido el peligro que corría, fue acribillado a balazos.
La grabación de su testimonio sirvió posteriormente para que el Tribunal Tercero de Sentencia condenara a un segundo imputado.
Tira y encoge sobre protección
Este caso surge a la luz pública dos días después de que el mismo tribunal de Sentencia obligó a una testigo a despojarse del gorro navarone que cubría su rostro y a declarar frente a tres hombres que al final fueron condenados a 27 años de cárcel, por el homicidio de un joven de 18 años de edad.
A raíz de estos casos, se ha abierto un debate entre los mismos jueces sobre la forma de cómo tratar a un testigo con régimen de protección.
El juez presidente del Tribunal Tercero de Sentencia, Martín Rogel Zepeda, coincide con sus colegas del Tribunal Quinto de Sentencia en el sentido que se debe respetar la Constitución y tratados internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho del imputado a conocer a la persona que lo está acusando.
“Cada quien debe asumir su responsabilidad. Nosotros, los jueces, garantizamos el respeto a la Constitución y a las leyes, y al Estado le corresponde garantizar la protección de los testigos”, sostuvo Martín Rogel.
Por su parte, el presidente del Tribunal Sexto de Sentencia, Sergio Luis Rivera, sostiene que debe haber un “equilibrio” entre la seguridad del testigo y el derecho de defensa que tiene el imputado.
“Este tribunal lo que hace es que el testigo con régimen de protección rinde su declaración de cara al juez y ante las partes procesales, pero no frente a los imputados”, manifestó Rivera.
Mientras el tema ha abierto de nuevo el debate, la Ley de Protección a Víctimas y Testigos, aprobada por la Asamblea Legislativa el 26 de abril pasado, entrará en vigor hasta en agosto mientras se consigue el dinero y se afinan los mecanismos para su ejecución.
Ante la falta de la legislación, el presidente Saca advirtió el martes anterior que “lamentablemente podría ocurrir cualquier tipo de cosas” al expresar su preocupación por la falta de la normativa.
Una encuesta reciente de LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, reveló que 58 de cada 100 salvadoreños no acudiría a declarar en un proceso judicial por temor a ser objeto de represalias.
