La protección para la testigo que el martes puso su identidad al descubierto era incierta ayer. La Fiscalía dijo que aún no había recibido la orden del juez, y que por eso la testigo estaba sin protección. En contraposición, el Tribunal Quinto de Sentencia expresó que había enviado la orden a la dirección de la PNC y a Gobernación.
La fiscal del caso, Amanda Contreras, encargada de organizar la seguridad de la testigo, reclamó que es a ella a quien tienen que enviarle la orden para que la haga llegar a la PNC. El juez presidente del tribunal, Luis Larrama, se desmarcó y aseguró que enviaron la petición de seguridad el miércoles por la mañana a la dirección de la Policía así como una copia del trámite a Gobernación. “No sabíamos qué haría ella (con la orden)”, acotó Larrama al referirse a la fiscal.
Esta diferencia entre ambos funcionarios es el último punto de una historia de protección a testigos cuestionada. Esta no es la primera vez que la seguridad es incierta para la testigo. Larrama contó ayer que durante el juicio la declarante se quejó de no haber tenido seguridad, pese a que desde julio del año pasado el Juzgado de Paz de Rosario de Mora ordenó su protección, a petición fiscal.
Revisando el expediente del caso, en los últimos trámites hechos por la Fiscalía y la Policía, se determina que ninguna de las dos instituciones tenía idea de dónde estaba la testigo días antes del juicio del martes pasado.
La testigo se mudó a una vivienda por el supuesto acoso de familiares de los acusados. “Dicen que tomarán acciones en contra de las personas que pretendan declarar como testigo”, relata la fiscal en una carta enviada al tribunal el 31 de mayo en la que también pide más tiempo para encontrarla y así llevarla a la audiencia.
“No tengo la posibilidad de ubicar a esta persona porque primero tendré que pedir información a sus familiares de dónde está”, agrega.
Fue el 4 de junio pasado que el encargado del área vida de la Policía de San Marcos, Juan Guevara, fue a la casa de la testigo a cumplir la orden fiscal, pero no la encontró. Así se lo comentó: “Me dijeron que (la testigo) se retiró de vivir del lugar, ya que habían recibido amenazas... Le habían dicho que si declaraba la iban a matar”.
Ante la situación, el juez Larama respondió: “Podría entender que el testigo no se encuentra bajo un régimen de protección como tal, ya que resulta ilógico pensar que se encuentra protegido cuando ni siquiera ha sido ubicado por quien está obligado a procurar su protección”.
Ayer, Contreras dijo que ellos solo se encargaron de trasladar a la testigo hacia un lugar del país, y que esperaba la orden de protección.
El martes, instituciones como la ANEP y el Ministerio de Gobernación censuraron la actuación de los jueces porque han puesto en peligro la vida de la testigo.
René Figueroa, ministro de Gobernación, dijo que se le brindaría protección a la declarante, mientras la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado.
