Un día después de que el ex jefe fiscal de Usulután José David Amaya Ábrego negó conocer las investigaciones en su contra y alguna relación con el diputado del PCN Roberto Silva Pereira, aceptó que sí tuvo vínculos con el congresista suplente.
En declaraciones a LA PRENSA GRÁFICA en Usulután, Amaya Ábrego dijo que tiene relaciones de amistad y admitió que le prestó servicios como notario a Silva, aunque dijo no recordar en cuántas ocasiones, ni especificó cuáles transacciones mercantiles legalizó en los últimos dos años.
Agregó que solo recuerda que lleva cuatro libros de protocolo como notario, ejercicio que no le está prohibido, aseveró, y que nunca imaginó que Silva anduviera en actividades que a la FGR le parecen sospechosas.
El subjefe de la Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Luna, confirmó que los cuatro libros le fueron autorizados a Amaya Ábrego desde 2005 en los tribunales de Primera Instancia de Gotera y de lo Civil de Usulután.
Ayer el fiscal general, Félix Safie, dijo que ante los oficios notariales de Amaya Ábrego, la suegra del diputado Roberto Silva, María del Carmen Ortiz, recibió de este una gasolinera de bandera blanca localizada en Jiquilisco, en el departamento de Usulután, por un valor de $200 mil.
A la Fiscalía General de la República le parece muy sospechoso que la mujer, sin tener una fuente de ingresos segura ni un crédito bancario, haya podido pagar tal cantidad.
Ortiz se encuentra detenida precisamente por este hecho desde el pasado 29 de septiembre por orden del Tribunal Tercero de Paz de San Salvador, pues para las autoridades fiscales la compra de la gasolinera y de otro inmueble representa una prueba de que en el caso hay lavado de dinero, delito que salpica a Roberto Silva, diputado suplente del PCN, que también es investigado por lavado de dinero y cuyo fuero podría ser eliminado para ser juzgado en los tribunales comunes. Junto a Ortiz también es procesada su hija Nora Emely de Silva y el ex empleado bancario Óscar Contreras.
El traspaso de la gasolinera, avalado por el notario Amaya Ábrego, llevó a la FGR a enfilar la investigación contra su mismo representante, a quien el fiscal general, Félix Safie, le ha perdido totalmente la confianza.
“Por eso lo removimos como jefe, pero no de la institución”, confirmó ayer el fiscal general.
Pese a esa pérdida de confianza sobre su persona, seguirá como agente auxiliar en la subregional de La Libertad.
fiscal y las Licitaciones
Pero Amaya Ábrego no solo está señalado por avalar estas transacciones sospechosas entre los Silva.
También se sabe que la investigación fiscal abarca actuaciones del ex jefe de la subregional de la FGR porque validó “otras transacciones vinculadas a licitaciones fraudulentas” en la Alcaldía de San Pedro Masahuat, en el departamento de La Paz, aseveró Safie.
Esta nueva información fue proporcionada por las autoridades del nuevo concejo municipal, y según Safie, aquellas encontraron elementos que ante el parecer de las nuevas autoridades podrían ser constitutivos de delito, por no cumplirse con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Según Safie, una de las pruebas que agregan los denunciantes es un documento en que se evidencia la participación del ex jefe fiscal como notario.
En la entrevista concedida a este periódico, Amaya Ábrego dice que su papel fue dar fe de la relación entre ambas partes (contratante y contratista) y que desconocía si la documentación presentada por estas era ilícita o no, pues un notario no está obligado a verificar esta situación.
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