El Salvador deberá seguir lidiando con las deportaciones que hace periódicamente Estados Unidos. De acuerdo con una fuente legal de la embajada, no hay ninguna manera de que se permita que esas personas permanezcan en ese país.
Según datos de la sede diplomática, durante este año ha habido cerca de 7 mil deportados. De ellos, aproximadamente 2 mil tienen un récord delictivo.
La fuente quiso dejar en claro, sin embargo, que –contrario a lo que se puede pensar– los que tienen un historial criminal son enviados de regreso a El Salvador únicamente hasta que han cumplido en una cárcel estadounidense la pena que les ha sido impuesta por el delito que cometieron.
Deportar a personas con condenas activas “sería como darles un beneficio, una recompensa”. “Y seguramente no le daremos ningún beneficio a nadie, porque los familiares de las víctimas no soportarían eso”, dijo.
La fuente agregó que la transferencia de reos que el Gobierno de El Salvador ha pedido para que salvadoreños encarcelados en Estados Unidos puedan cumplir su condena en el país no resolverá el problema de las deportaciones, y lejos de eso significará una carga para el ya saturado sistema penitenciario.
“El Salvador puede firmar el tratado, pero hay que tener en mente que eso no va a resolver el problema de los deportados. Deportados son aquellos que han cumplido su condena. Reos son aquellos que aún están cumpliéndola”, sentenció.
En cambio, dijo, el tratado que sí sería beneficioso para El Salvador sería el de extradición. De acuerdo con la fuente, en el país hay al menos 32 salvadoreños que están acusados en diferentes estados de los Estados Unidos del delito de homicidio. El poder llevarlos de regreso significaría un alivio para el país. Sin embargo, a falta de una herramienta legal es imposible hacerlo. “Estaríamos felices de agarrar a estas personas, juzgarlas y encarcelarlas. Ustedes tienen suficiente con sus propios criminales, no necesitan los nuestros”, concluyó.
