Cuando el 16 de octubre pasado el embajador estadounidense Douglas Barclay mencionó las instituciones que, según su análisis, habían hecho marcados avances desde los Acuerdos de Paz, no mencionó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la misma institución que, por sexto año consecutivo, fue señalada en 2005 por el Departamento de Estado estadounidense como afectada por “ineficiencia y corrupción”.
Barclay, en sus declaraciones, retomó la petición de cambios al Órgano Judicial que, en El Salvador, también han respaldado instituciones como FUSADES.
“El Salvador debe reformar su sistema judicial. El principio de la independencia judicial es inherente a la separación de poderes en nuestras constituciones, pero la independencia judicial no significa que un juez tenga la libertad de ejecutar una decisión de la manera que se le antoje, sin tomar en cuenta la ley o los hechos”, mencionó Barclay.
FUSADES, instituto en el que el diplomático dijo su discurso, también ha insistido en la depuración judicial (nota aparte).
En una entrevista concedida a este periódico tras sus palabras de hace dos semanas, Barclay reiteró que, según su criterio, todo el Gobierno salvadoreño (entendido como la suma de los tres poderes del Estado) debe apostar a la eliminación de la corrupción interna.
“Falla estructural”
El informe de 2005 sobre derechos humanos en El Salvador, presentado por el Departamento de Estado, consideraba una importante falla del sistema de justicia la inadecuada asignación de fondos a la Policía Nacional Civil, que este año recibió un refuerzo presupuestario.
En el plan de gastos propuesto para el próximo año, los salarios base de los policías siguen siendo menores a los que devengan asistentes administrativos en la Corte Suprema de Justicia.
