El presidente Antonio Saca pidió ayer a su homólogo guatemalteco, Óscar Berger, que empeñe su máxima preocupación para resolver los asesinatos de los cuatro policías que estaban encarcelados en Guatemala bajo acusaciones de matar a tres diputados salvadoreños la semana pasada.

Con un tono inusualmente enérgico, Saca aseguró poco después de llegar a Washington, D.C. que ha pedido al Gobierno guatemalteco que autoridades salvadoreñas supervisen las investigaciones en torno a los dos hechos.

“Le he pedido al Gobierno de Guatemala que ponga no solo sus buenos oficios, sino su preocupación máxima en esto, porque la situación se ha vuelto grave”, dijo Saca en la Casa Blair, residencia oficial donde se hospedó ayer en la víspera de su reunión con el mandatario estadounidense, George W. Bush. El presidente de El Salvador prevé que los asesinatos en Guatemala pueden formar parte de la agenda que ambos jefes de Estado abordarán este día.

El presidente Saca, además, comentó que le reiteró a Berger la importancia de que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, en inglés) se involucre en las pesquisas: “En Guatemala son muy comunes este tipo de muertes en que incluso se quema a las víctimas”.

Saca se lamentó de que, según las informaciones recabadas por la investigación de estos dos casos, la Policía guatemalteca esté infiltrada por el crimen organizado.

¿Quién más está involucrado? ¿Hasta dónde llega esto? ¿Quién los protege? Antonio Saca soltaba las preguntas ayer a la mesa. Consideró que estos casos van mucho más allá de asaltos en carreteras, porque reflejan que las mafias operan incluso a plena luz del día en la capital guatemalteca.

Mientras tanto en San Salvador, la muerte de los cuatro policías llevó al gabinete de seguridad a reunirse ayer de emergencia en Casa Presidencial.

Según la presidenta en funciones, Ana Vilma de Escobar, “es importante que este proceso de investigación no se caiga y continúe hasta el final, porque corresponde a Guatemala hacer que su sistema de justicia funcione hasta esclarecer los hechos”. Añadió que los informes en poder del Gobierno apuntan a que fue “un comando vestido de vigilantes del penal el que degolló y disparó contra los asesinos capturados”.

A pesar de lo complejo que se ha vuelto el caso, Eduardo Cálix, vicecanciller de la República, adelantó que las relaciones bilaterales entre ambas naciones “no tienen por qué sufrir ningún detrimento”.

Agregó que con sus pares guatemaltecos “seguimos trabajando paralelamente en la construcción de nuestros temas bilaterales y ante la preocupación existente, demandan a la parte diplomática que coadyuve en los esfuerzos para esclarecer los hechos”.

Juicio quedará impune

Por su parte, Beatrice de Carrillo, procuradora de Derechos Humanos, advirtió que la muerte de los parlamentarios salvadoreños apunta a quedarse impune: “Seguramente se lleva adelante con sigilo y secreto toda una investigación que debería ser pública, porque la verdad es buena, pero me temo que este crimen quedará impune”.

Justificó que el caso “revela la existencia de mandantes de alto nivel, con mucho poder que pueden permitirse el lujo de mandar a los sectores policíacos y tienen miedo que se descubra la verdad”. “Temo —añadió— que nunca se sepa la verdad, porque no hay voluntad del sistema por superar un tipo de delincuencia de ese nivel.”