El proceso judicial contra cuatro policías implicados en el asesinato de tres diputados del PARLACEN y un motorista salvadoreños solo duró tres días.

Ayer por la tarde, los cadáveres fueron sacados del penal de Santa Rosa Cuilapa, conocido como El Boquerón, unos 66 kilómetros al sur de la capital guatemalteca, y el Tribunal Noveno de Primera Instancia Penal se alista para dictar un sobreseimiento y congelar el caso hasta nuevas capturas.

Los policías fueron asesinados el domingo por la tarde y las autoridades guatemaltecas se inclinan por hipótesis de que fueron los reos con ayuda del personal del reclusorio quienes provocaron la muerte de los agentes. De hecho, ayer fueron capturados 22 empleados del penal, incluidos el director y el alcaide.

Por la mañana, el director de la PNC salvadoreña, Rodrigo Ávila, dijo que las autoridades guatemaltecas le informaron que un comando armado penetró al recinto y asesinó a los policías.

“En el caso de muerte de algunos sindicados, la persecución acerca de ese imputado se extingue. Pasa al archivo porque es un caso cerrado”, dijo la quinta oficial de esa instancia judicial.

Sin embargo, el ministro de Gobernación guatemalteco, Carlos Vielmann, dice que el caso no puede ser cerrado porque las investigaciones continúan.

La semana pasada, ese tribunal confirmó la detención de Luis Arturo Herrera López, Jorge Korki López Arriaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar, de la División de Investigaciones Criminológicas (DINC), por el delito de asesinato de los diputados del partido ARENA Eduardo d’Aubuisson, Ramón González, William Pichinte y el motorista Gerardo Ramírez.

La abogada de tres de los cuatro policías, Amanda Leticia Salazar Rodríguez, dice que advirtió del peligro al tribunal cuando el pasado viernes presentó un memorial (escrito) en el que advertía que las vidas de los procesados estaban en peligro.

La etapa intermedia, que estaba programada por el mismo tribunal dentro de tres meses, podría tomar un giro solo si el ministerio público captura a los dos prófugos Jeiner Barrillas Recinos y Marvin Roberto Contreras, o efectúa otras diligencias para detener a otros procesados.

Tras conocer del homicidio de los presuntos sicarios de los diputados, el presidente Antonio Saca y su gabinete de seguridad urgieron a Guatemala el esclarecimiento del nuevo crimen y pidieron la captura del resto de policías implicados para que el caso no quede en la impunidad.

De hecho, el ministro René Figueroa, el director de la PNC y el fiscal general, Félix Safie, ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta para pedir públicamente una reunión con sus homólogos para analizar el rumbo que el caso está siguiendo.

A pesar de la eliminación de los testigos, las autoridades salvadoreñas se mostraron confiadas en que la llegada de personal de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contribuya a descifrar más pistas sobre el caso.

Prófugo sin orden

El director de la PNC de El Salvador, Rodrigo Ávila, asegura que hay una séptima persona identificada en el asesinato de los diputados, pero el tribunal no sabe de esa situación. “No se ha emitido orden de prisión acerca de otra persona”, enfatizó.

Salazar Rodríguez asegura que los cuatro policías estaban dispuestos a declarar ante el juez esta semana. “Yo solo defiendo a tres, pero ellos ya se habían puesto de acuerdo e iban a declarar.”

El presidente guatemalteco, Óscar Berger, reconoció que ellos tenían información importante para profundizar en las investigaciones. “Creo que las cuatro personas capturadas eran testigos claves para seguir con la investigación, lo que podría aportar a este proceso, vinculados obviamente al crimen organizado y las mafias.”

Berger, sin embargo, descartó negligencia del Ministerio de Gobernación, dependencia que controla la Policía y la Dirección de Penales. “No he recibido el informe, pero entiendo que el Ministerio de Gobernación tomo la decisión de llevarlos al penal de Santa Rosa porque ahí era el lugar de más seguridad.”