El proceso de escoger a los jueces y magistrados antimafia llegó ayer a su fin con el nombramiento de los 10 funcionarios que a partir del 1.º de abril, cuando entre en vigor la Ley contra el Crimen Organizado, conocerán delitos de secuestro, extorsión y homicidio agravado y que sean escogidos por la Fiscalía General.

La creación de los tribunales especiales fue concebida en las instancias del Órgano Ejecutivo como una herramienta necesaria para enfrentar la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el país.

La elección de los jueces especiales se hizo ayer en la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados no lograron la unanimidad y por mayoría de votos escogieron a los nuevos integrantes de los tribunales. De los nombrados en la plenaria de ayer, siete son jueces; uno es defensor público; otro, asesor del Ministerio de Justicia; y un abogado en libre ejercicio.

Entre esa decena de escogidos hay dos que reprobaron la prueba de suficiencia del pasado 13 de marzo en el Consejo Nacional de la Judicatura (ver nota aparte).

Ulices Guzmán, presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dijo que sus expectativas particulares son que estas nuevas jurisdicciones prueben que este tipo de proceso penal diseñado puede tramitarse con mayor celeridad, simplicidad y eficacia. Los jueces, recordó, tendrán además reglas de prueba, que incluyen trasmisión o grabación de sonidos o imágenes.

“Actualmente existe un porcentaje de resoluciones —indicó— en las cuales, si bien hay legalidad, podrían estar generando impunidad, porque hay casos en los que no se ha logrado probar los hechos precisamente por falta de pruebas suficientes.”

Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Ástor Escalante, reaccionó ayer. Señaló que “varios de ellos tienen el perfil aceptable” y que estos deberán responder a la expectativa de la sociedad de luchar contra la impunidad y la corrupción.

Coincidió con Guzmán en el sentido de que la ley que los jueces van a implementar posibilita que el proceso penal sea más efectivo.

Los jueces especiales, que deberán ser juramentados a más tardar este viernes, asumirán sus funciones el próximo 1.º de abril, sin la aprobación de un presupuesto de más de $4.9 millones que, según el máximo tribunal de justicia de El Salvador, se debe invertir en su funcionamiento.

A pesar de ello, los tres inmuebles para albergar los tribunales competentes están listos para ser ocupados.

Guzmán explicó que por el momento se funcionará por medio de algunas transferencias internas de fondos que maneja el Órgano Judicial.

Además, para cubrir la parte de logística y mobiliario, la Corte Suprema de Justicia ha tenido que prestar algunos bienes y muebles a otros tribunales o dependencias del sistema de justicia.

Sobre la dotación del personal de los tribunales nuevos, la Corte Suprema de Justicia afina aún la trasferencia de colaboradores jurídicos que serán debidamente evaluados para enviarlos a los tribunales especiales.

Guzmán añadió que este jueves se terminará de definir la cantidad de personas que podrá pasar al servicio de los tribunales y de la cámara.