La representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, Jéssica Faieta, marcó distancia respecto del informe sobre niveles de impunidad en los homicidios que ese organismo había presentado el viernes 8 de junio.

Faieta, si bien subrayó que el PNUD es propietario del trabajo, admitió que no debió haberse hecho público y lo llamó “documento de los consultores”.

Sobre la razón para que no se hiciera público el informe, explicó que se había concebido que, una vez concluido y definidos los hallazgos principales, estos se compartieran con las autoridades del sistema de justicia.

El día de la presentación, no obstante, el ministro de Seguridad, René Figueroa, rechazó con vehemencia la investigación y la tildó de desfasada y sesgada, dadas las simpatías políticas de los autores: el juez de Instrucción Sidney Blanco y el ex miembro del Consejo Nacional de la Judicatura Francisco Díaz.

Faieta se limitó ayer a calificar el informe como “un documento de los consultores, pero a pedido del PNUD”. Asimismo, hizo una breve alusión a la reacción contundente de Figueroa: “El ministro (Figueroa) sabe que no hubo mala intención por parte de nosotros”.

Y es que el Gobierno alega que la situación actual de eficacia policial es sustancialmente mejor a la que refleja el documento, que habla de una tasa de 3.82% de condenas en asesinatos.

Lo que ha sucedido desde entonces tanto en el PNUD como en su relación con el Gobierno es un misterio, aunque dos funcionarios que participaron ayer en la reunión privada entre el organismo y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) revelaron a LA PRENSA GRÁFICA que la representación de Naciones Unidas se despojó de toda responsabilidad sobre el estudio. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, aseguró: “La gente del PNUD nos aclaró que el informe pertenece a los expertos, no al PNUD”.

García Calderón presidió la sesión de la UTE –formada, entre otros, por el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía General y la Procuraduría General (PGR)— en una reunión con agencias de cooperación internacionales. El PNUD estuvo representado por Faieta y el coordinador del programa de gobernabilidad, Manuel Sevilla.

Gregorio Sánchez Trejo, cabeza de la PGR, sostiene que la postura del organismo internacional se dio en una “plática informal”: “Nos recalcaron que el informe no representaba al PNUD”.

El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, David Cabezas, aseguró que escuchó la expresión, aunque no se atrevió a mencionar quién la pronunció.

El polémico estudio de Blanco y Díaz puso a Naciones Unidas y al Ejecutivo en uno de los puntos más tensos de su relación durante los últimos años. Figueroa arremetió con toda su fuerza contra los consultores: “El PNUD fue sorprendido porque no profundizaron en la militancia ideológica (de los consultores)”.

El fiscal general, Félix Garrid Safie, también informó sobre unas palabras que, a su juicio, suenan a una especie de aclaración de parte del organismo de cooperación, en boca de Faieta: “Ella nos dijo que el documento era una opinión de los consultores y que no era un documento del PNUD”.

La representante del programa, consultada sobre la versión de los funcionarios, no dijo que se desmarcaba totalmente de los contenidos del informe, pero sí insistió que era un documento de los consultores. El coordinador de gobernabilidad del PNUD, Manuel Sevilla, se limitó a responder que no iba a dar declaraciones.