El Salvador y otros 16 países de América Latina y el Caribe suscribieron ayer la que ha sido bautizada como la Declaración de Cali. Con esas firmas, los signatarios adquirieron dos compromisos: que las aguas negras no se viertan sin tratamiento a los ríos y que la basura no se deposite a cielo abierto. El convenio, reiteraron, contempla también un plan de seguimiento para que lo firmado no se convierta en unos años en un acuerdo incumplido más.

La Declaración de Cali se firmó, obvio, en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, y supuso el punto culminante de la I Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN). Esta fue patrocinada por la UNICEF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el propio Gobierno colombiano. El problema está identificado. En la actualidad unos 125 millones de latinoamericanos no tienen servicio de saneamiento mejorado. La cifra, sin embargo, es un tanto ambigua. Bajo las palabras “Saneamiento mejorado” Naciones Unidas incluye a un generoso número de sistemas.

Tener un inodoro conectado al alcantarillado es tener “saneamiento mejorado”, pero también lo es disponer de fosa séptica o letrinas, siempre que no sean de uso público. A pesar de la generosidad del concepto, 1.5 millones de salvadoreños no cuentan, según cifras de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), con ninguno de estos sistemas. La cifra equivale a toda la población de los departamentos de Usulután, Ahuachapán, Chalatenango, San Vicente y Cuscatlán.

Con estos datos como estandarte, el país fue citado en distintas ponencias como uno de los que está “muy por debajo” del promedio en los indicadores que se utilizan para medir el problema. No sucede con el tema de los desechos sólidos, pero sí ocurre con el acceso a agua potable, sí ocurre con el acceso a saneamiento mejorado y sí ocurre con el tratamiento de aguas negras.

En este último punto el país destaca por ser, desde Alaska hasta Patagonia, el que menos trata sus aguas residuales. El 97% se deposita en ríos y quebradas sin el más mínimo filtro. Incluso Haití es más responsable en este aspecto. Alan Court, director de programas de UNICEF para todo el mundo, se encargó de recordar las consecuencias de no mejorar estos indicadores: un niño muere cada 20 segundos en el planeta.

“Ojalá nos sensibilicemos todos de lo que esto significa en término de vidas humanas.” La frase, pronunciada por Leyla Rojas, viceministra de Agua y Saneamiento de Colombia, resume la importancia que el país anfitrión dio a este acto.

Ese ímpetu, sin embargo, no se vio reflejado en todas las delegaciones. De hecho, y a pesar de que se contaba con ellos, países como México, República Dominicana, Guyana y Venezuela no están entre los firmantes. Esta situación se saldó, al final de la declaración, con un escueto: “Algunos países han expresado el deseo de ser parte del grupo de declarantes”.

Por El Salvador, el encargado de firmar el compromiso de mejorar las condiciones higiénico-sanitarias no fue ni el ministro ni el viceministro del MARN. Quien asistió a Cali fue Óscar Díaz, el director ejecutivo de la institución –tercero al mando— y con un proceso en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador por tala ilegal de árboles.

Para monitorear los avances, los gobiernos firmantes se citaron para 2010 en una actividad que no tiene aún fecha concreta ni lugar de celebración. Allí se verá la seriedad de lo firmado.