El acceso de la ciudadanía a la información pública de las instituciones del Gobierno no solo le brinda confianza a la población, sino también permite que esta sepa cómo el Estado utiliza los recursos obtenidos de impuestos, concluyeron participantes en el foro de transparencia que se celebra en el país.

Un estudio elaborado por la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, presentado ayer en ese acto por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), revela que de 40 instituciones del Gobierno solo 16 son, de alguna manera, transparentes frente a la ciudadanía en cuanto a la rendición de cuentas, sus presupuestos e incluso licitaciones y compras, al menos en internet.

Otras dejan mucho que desear, según el estudio. “La Corte de Cuentas, de la que se esperaba un porcentaje de funcionalidad mayor, apenas rozó el 50% de funcionalidad. Casa Presidencial fue el sitio que menos funcionalidad reportó: apenas un 25%, igual que la Corte Suprema de Justicia”, reza el estudio, finalizado en agosto.

Sobre el acceso a la información pública, Sandra Crucianelli, autora del estudio, dijo que es trascendental porque “refleja el uso de los impuestos de la ciudadanía”; si bien no todo mundo tiene acceso a la computadora, el estudio refleja que los periodistas no tienen acceso a la información para transmitirla.

Crucianelli, de nacionalidad argentina, se basó en 12 variables, incluidas disponibilidad en línea de trámites institucionales, presupuestos, compras, sueldos y marco legal en el cual debería reflejarse cuál información puede hacerse pública y cuál no.

Mediante una videoconferencia, Daniel Kaufmann, presidente del Banco Mundial, dijo que la transparencia de los gobiernos incide drásticamente en los niveles de gobernabilidad y democracia. Este derecho, en boca de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), podría comenzar a garantizarse si en el país al menos existiera una ley de acceso a la información pública.