El temor a que aquella amenaza de muerte se cumpliera lo enmudeció. Otros le acompañaban en el silencio. Callaba por miedo, como lo hacían otros reos ante la agresión sexual que habían sufrido.

Era septiembre de 2005 cuando, por petición propia, fue trasladado a la celda C-2, del sector conocido como “la isla”.

Corría el segundo día del mes y “la isla” —el lugar al que en teoría fue trasladado para resguardar de mejor manera su integridad personal— ya estaba habitada.

De profesión técnico contador, “David” cometió un robo por el cual fue condenado a ocho años de prisión en el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, por estar ubicado en el cantón San Luis Mariona del municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador.

Las amenazas de muerte y una petición de $1,200 para respetar su vida habían hecho que pidiera ser reubicado en un sector “más seguro”.

Con una capacidad de 800 internos, el centro penitenciario albergaba en 2005 a 2,900 reos entre condenados y procesados. “David” era uno de los 1,798 de la primera categoría.

“ La isla” era utilizada también para confinar a reos conflictivos. A pesar de su nombre y su función de aislamiento, Erick Antonio Ramos y Douglas Alexander Rodríguez habitaban la celda C-2. Con la petición que se despojara de sus ropas ambos le dieron la bienvenida al nuevo habitante. La negativa de “David” hizo que la furia de Erick se desatara.

Tomando un palo de escoba, uno lo golpeó fuertemente en la cabeza mientras Douglas sujetaba la cama en la que “David” fue lanzado y despojado de sus ropas. Mientras mostró resistencia sus atacantes lo golpearon hasta que abusaron sexualmente de él. Durante dos semanas, el miedo le invadió por el temor a que las amenazas de muerte que sus agresores vociferaron se cumplieran en esa celda.

“no todas son de verdad”

Para las autoridades, no todas las denuncias de violaciones dentro del penal son reales; sin embargo, las quejas son muchas.

Froilán Coto, jefe de la regional de Mejicanos de la Fiscalía, dice que la mayoría de los reos fingen haber sido abusados sexualmente porque quieren ser trasladados a otro centro penal y que a la hora de realizar las exámenes los resultados no muestran abuso.

“La mayoría no son verdaderas”, sentencia Coto; sin embargo, no se atreve a detallar la cantidad de denuncias que recibe.

Esto contrasta con el temor de los reos que guardan silencio durante varios días dadas las amenazas de muerte de las cuales no son protegidos.

En el 2006, a solo seis meses de ser agredido, “David” expresaba abiertamente su temor durante la audiencia inicial. Sus atacantes, que aún permanecían en Mariona, habían logrado hacerle llegar una nota al penal de San Vicente a donde había sido trasladado para salvaguardar su seguridad.

El papel arrugado acusaba a “David” de ser un soplón.

La Ley Penitenciaria establece dentro de las funciones del director de Centros Penales la de garantizar la seguridad.

Reincidencia en “la isla”

Era octubre de 2005 cuando “Roberto”, otro reo, fue destinado a “la isla” luego de pelear con el interno que repartía comida.

Erick y Douglas aún permanecían en esa celda.

“Roberto” fue recibido con la misma petición hecha a “David”. Un golpe en la cabeza sentenció la orden de uno de los agresores. “Te dejas o te mato.”

Minutos después, un custodio intervino trasladando a los agresores a otra celda. De nuevo el temor fue más fuerte y “Roberto” calló por varios días hasta que avisó a las autoridades.

Las agresiones a “David” y “Roberto” no ingresaron a la lista de “no verdaderas”. Prosperaron a un tribunal y llegaron a juicio.

Durante la audiencia inicial, los agresores adujeron inocencia alegando que “David” era homosexual.

Según la Ley Penitenciaria, ningún reo puede ser discriminado por su religión, creencia o preferencia sexual.

El Tribunal Quinto de Sentencia determinó la pena de 13 años de prisión para los agresores, pero únicamente por la violación de “David”. Según consta en el expediente, en el caso de “Roberto” “solo se cuenta con pruebas referencial que por sí sola no basta para determinar y concluir en sentencia condenatoria”.

Los daños psicológicos causados por los agresores de “David” fueron cuantificados por el tribunal en únicamente $400. Solo eso.

En el silencio

Era septiembre de 2007, cuando “Charly” llegó al penal La Esperanza. En aquel momento nadie le preguntó nada y fue llevado al sector de los reos nuevos.

Dos días después era extorsionado con $20 por ser hermano de un fiscal. No pagó la extorsión, y como castigo recibió golpes que lo llevaron a la clínica. Fue la primera vez que pidió traslado porque comenzaba a temer por su integridad.

En octubre, mientras caminaba por el pasillo, un hombre con los ojos rasgados y otro de piel clara lo abordaron, conduciéndolo al sector 3, celda 28. Los atacantes lo golpearan y ataron sus manos. Abusaron sexualmente de él.

A pesar de que la Ley Penitenciaria establece que la administración de las cárceles no puede utilizar a los internos para tareas de vigilancia de los reclusos, el cabo al cual “Charly” identifica únicamente como “Cerén” le habría pedido que proporcionara información sobre movimientos ilícitos dentro del penal luego de ser agredido por primera vez.

El director de centros penales, Gilbert Cáceres, habría intentado desestimar la agresión sufrida por “Charly”, quien fue trasladado al mismo penal luego de ser atendido en el Hospital Rosales por que sus agresores le habrían introducido un objeto en el ano.

Aun y cuando la Fiscalía hizo la petición de no trasladar al reo de nuevo al penal de Mariona, las autoridades lo ingresaron en el mismo recinto, pero en una celda no compartida, afirma Cáceres.

En diciembre, “Charly” fue ingresado nuevamente al Hospital Rosales con señales de agresión en su rostro y con otro objeto introducido en su cuerpo. Cáceres dijo entonces que el reo estaba en la fase de confianza y por esa razón no cree que el recluso haya sido atacado por segunda vez.

En el pabellón del Rosales con mucho más temor que la primera vez, “Charly “ prefiere no explicar lo que le sucedió: “Tengo un gran temor, más que cuando di la primera entrevista y no sé mi rumbo o lo que será de mí”.

En nueve años, el secretario del Juzgado de paz de Ayutuxtepeque dice haber recibido dos procesos por violación. La razón, asegura, es que o la Fiscalía solo ha podido individualizar esos casos o solamente esos se han atrevido a denunciar a los agresores. La sonrisa irónica del secretario parece sentenciar el silencio de los agredidos “en el penal hay muchas cosas que afuera no se saben”.