La ministra de Educación, Darlyn Meza, se presentó ante la Policía para solicitar por escrito una exhaustiva investigación sobre la agresión de varios policías contra alumnos del Centro Escolar Humberto Romero Alvergue, ocurrida el viernes pasado en San Jacinto, al sur de San Salvador.

El incidente se originó a raíz de la denuncia de dos ex docentes del centro educativo que laboraron hasta enero del año pasado, confirmó Meza.

Se trata de Reynaldo Cortez Castillo y Catalina Fuentes, quienes junto a 10 estudiantes presentaron la denuncia en la sede policial de San Jacinto, respecto a la amenaza de muerte de la que se quejó el padre de un menor de edad, a quien otro alumno de la institución presuntamente solicitó que le pagara $0.25 para permitirle beber agua de los chorros de la escuela.

Le dijo que “lo haría picadillo”, si no accedía a la solicitud de pago, según la denuncia.

Agentes, a quienes las autoridades de la Policía no quieren identificar aún y quienes fueron filmados por alumnos del centro de estudios cuando arrestaban violentamente al padre del alumno denunciante, penetraron al recinto educativo y sin aplicar los procedimientos que exigen los protocolos de seguridad arremetieron contra estudiantes causando lesiones a seis de ellos, uno de los cuales resultó fracturado de la nariz y es quien presenta más gravedad, según Meza.

La ministra expresó que en total son 56 los estudiantes afectados. Seis con lesiones y 50 a causa de la histeria colectiva generada. Al parecer, los policías siguen en sus puestos.

La respuesta de la Policía y del gabinete de Seguridad ante tal petición fue inmediata: “Lo vamos a investigar de manera profunda”, dijo el viceministro de Seguridad, Ástor Escalante, mientras que el director de la Policía, Francisco Rovira, le ofreció resultados concretos “lo más pronto posible”.

Las autoridades policiales, admitieron que en esta actuación de la Policía habría “un procedimiento irregular”.

En vista de eso, de comprobarse los hechos, aplicarán las medidas disciplinarias pertinentes, dijeron.

Por ello, tanto Escalante como Rovira no solo ofrecieron una investigación exhaustiva, sino también una disculpa pública a la ministra Meza, a los estudiantes del centro escolar y a los padres de familia afectados.