La victoria por el 84 por ciento de los votos de las fuerzas proautonomía en el referendo del domingo 4 de mayo realizado por la rica provincia oriental de Santa Cruz, Bolivia, en abierto desafío al gobierno central, ha provocado el temor de que se produzca una reacción en cadena de los movimientos separatistas en toda América Latina.

Los gobiernos de izquierda radical de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba fustigaron el voto autonomista de Santa Cruz, alegando que representa el inicio de un intento estadounidense de desmembrar a los países latinoamericanos para crear en la región nuevos estados proestadounidenses.

El Departamento de Estado dice que estas acusaciones son absurdas, y agrega: “Respaldamos la unidad y la integración territorial de Bolivia”.

Veamos lo que dicen ambas partes: El presidente narcisista leninista de Venezuela, Hugo Chávez, afirma que el supuesto complot estadounidense está diseñado contra él y su “revolución bolivariana”. Según Chávez, el “imperio” está buscando que las élites adineradas de Bolivia y otros países —como el departamento venezolano de Zulia, rico en petróleo, o la provincia ecuatoriana de Guayas— se subleven muy pronto e intenten crear estados independientes.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, acusó en un discurso radial de este fin de semana que “grupos oligárquicos y separatistas” con apoyo extranjero de querer “desestabilizar” la región y “crear un proceso de balcanización en América Latina” para crear nuevos estados adeptos al neoliberalismo. Sin embargo, los líderes del estatuto autonómico de Santa Cruz niegan categóricamente que estén buscando independizarse. Dicen que Chávez y sus seguidores intentan desacreditarlos al rotularlos de separatistas.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, me dijo en una entrevista la semana pasada que solo busca obtener mayores derechos para su estado, semejantes a los que gozan las regiones autónomas españolas o los estados de Estados Unidos. En las próximas semanas, los estados bolivianos de Beni, Pando y Tarija celebrarán similares referendos, y las encuestas revelan que la propuesta autonómica también triunfará allí. Y todo parece indicar que los estados de Cochabamba y Chuquisaca harán lo propio en el mes de julio. Todos ellos dicen que no se separarán del resto del país, sino que quieren mayores derechos para protegerse de un gobierno central cada vez más autoritario.

Mi opinión: el 84 por ciento de apoyo a la autonomía en Santa Cruz, un departamento con una población de dos millones y medio de habitantes, y las encuestas que revelan un amplio apoyo a la autonomía en los estados vecinos dificultan mucho creer que se trata de un movimiento “de la oligarquía”. Lejos de ser un movimiento oligárquico, o un siniestro complot del imperio norteamericano, lo que estamos viendo es una reacción natural de gobiernos locales bolivianos que quieran conservar cierta sanidad económica y libertades democráticas ante el plan del presidente boliviano, Evo Morales, de “refundar” la nación y crear un estado socialista totalitario, asumir poderes absolutos, y reelegirse de por vida. La comunidad internacional debería oponerse a cualquier movimiento potencialmente independentista de Santa Cruz y los demás estados descontentos de Bolivia, pero rechazar al mismo tiempo el intento de Morales de imponer una nueva Constitución que crearía un estado totalitario.

Ambos bandos deberían llegar a un acuerdo que garantice tanto la unidad del país bajo una bandera como los derechos de los estados, y deberían hacerlo cuanto antes, para evitar el espectro de una guerra civil.