Los salvadoreños quieren cambios. Esta disposición colectiva hay que analizarla y situarla en su justa dimensión. Tan complejo es el panorama económico nacional e internacional, que ningún partido político —por sí solo— es capaz de hacer cambios decisivos y satisfacer las expectativas de la gente en el corto plazo. Se requiere, entonces, un proyecto de país.

La primera acción relevante es darles confianza y certidumbre a los salvadoreños. Por ello, los funcionarios de elección popular deben explicar las medidas que adoptarían a partir de 2009. ¿Por qué? Debido a que la polarización partidaria está socavando las bases del sistema político. Prueba de ello es la insatisfacción de innumerables salvadoreños acerca del trabajo de los tres Órganos de Gobierno. Los señalamientos de corrupción e impunidad han aumentado. Es decir, la institucionalidad democrática está en aprietos.

La hipótesis es que los partidos políticos aún pueden reivindicarse ante la ciudadanía. Para lograrlo, entre otras cosas, el Estado debería priorizar el combate contra la economía negra (delincuencia, prostitución, contrabando, droga, trata de personas, etcétera). De no hacerlo, los negocios ilícitos podrían expandirse desenfrenadamente y agigantar la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Debido a que se extenderían los “territorios bajo control delictivo” en los cuales la Policía solo entra en operativos y se elevarían los costos económicos de la violencia, lo que desmotivaría a los inversionistas.

Adicionalmente, el deterioro de la economía familiar está forzando al gobierno nacional a tomar medidas apremiantes. El calendario electoral hace que algunas de ellas (subsidios generalizados) duren más tiempo del recomendado, aumentando así el paternalismo estatal y el gasto público. Todo ello hará que el próximo mandatario esté “atado de manos” en su despacho presidencial, con pocos recursos y ante una creciente demanda social. Esta presión se incrementará porque la actual campaña electoral se centra en los candidatos y aviva el presidencialismo.

Por otra parte, la crisis alimentaria y energética global, y los efectos socioeconómicos del cambio climático y del declive económico estadounidense, hacen pensar que en El Salvador recién inicia una época de “vacas flacas”. Para salir adelante, se requieren cambios positivos en la política económica, social y ambiental. Conviene, entonces, transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible.

Los partidos políticos deberían hacer un giro inteligente y lograr acuerdos básicos. ¿Cómo? Sincerándose. Diciéndole al pueblo que sus problemas no se van a solucionar automáticamente con la elección de un nuevo presidente. La clave está en viabilizar la implementación de la plataforma de gobierno ganadora, estableciendo y concertando metas verificables en siete áreas estratégicas: pobreza, empleo, ambiente y energía, gestión territorial, educación, salud y finanzas públicas.

Los políticos partidarios responden al calendario electoral. Consecuentemente, los aspirantes presidenciales podrían acordar y solicitar el apoyo legislativo y ejecutivo para gestionar los buenos oficios de la ONU y/o países amigos (de septiembre a diciembre de 2008), para que ellos faciliten un entendimiento entre los candidatos presidenciales y la suscripción de una Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible para los próximos veinte años.

Los partidos políticos deberían comprometerse a impulsar dicha agenda (independientemente de los resultados electorales de 2009), con diferentes sectores de la vida nacional. De esta manera, las fórmulas presidenciales enviarían una señal de madurez y voluntad política, lo que asimismo generaría esperanza y certidumbre en la sociedad salvadoreña y comunidad internacional. ¿Cree usted que es viable esta propuesta?