Cuando se ejecutan políticas públicas de ingreso que se traducen en subsidios al consumo de ciertos bienes o servicios, procurando con ello favorecer a grupos particulares de la población, los hacedores de política identifican quiénes serán los destinatarios de tales medidas, y en función del método utilizado para diseñar y evaluar la rentabilidad social de la política: análisis beneficio-costo, costo mínimo o impacto-costo, por ejemplo, definen procedimientos que permitan focalizar los subsidios.

Sin embargo y a pesar de la innegable bondad que esto supone para cualquier programa o proyecto social, muchas veces la focalización de las acciones enfrenta una serie de dificultades para el uso congruente de estas transferencias corrientes, no obstante se disponga de indicadores de cobertura, focalización y focalización efectiva.

En la medida que se elevan las dificultades para identificar quiénes son efectivamente los destinatarios de las políticas, suelen incrementarse los costos orientados a evitar el consumo oportunista de productos subsidiados por parte de personas no comprendidas en el universo de beneficiarios genuinos; en otras palabras, mientras más difícil resulte la focalización, mayor será el costo de hacerlo, de tal manera que el beneficio marginal —en eficacia— logrado con esta puede llegar a desaparecer incluso, en cierto momento, por lo costoso que sea la identificación que nos ocupa; resultando menor, a veces, la pérdida social por las ineficiencias en la gestión de la política, que el costo que implicaría la focalización, con la cual se pretende, ante todo, anticipar y prevenir conductas oportunistas por parte de consumidores que no requieren subsidios para adquirir los productos en mención.

Por otro lado, es necesario señalar que el término “consumidor oportunista” no denota ninguna intencionalidad por parte de beneficiarios “espurios” de aprovecharse ilegítimamente de la asistencia pública, sino que esta expresión nos permite referirnos a los consumidores no destinatarios de la política y al hacerlo, podemos señalar que su consumo reduce la cobertura efectiva de las políticas de asistencia, ya que le impide a los beneficiarios genuinos, que sí necesitan el subsidio, adquirir los referidos productos.

En ese sentido, las instituciones que administran programas o proyectos sociales tienen que valorar y comparar, regularmente, cuáles son los beneficios logrados con la focalización y los costos de identificar con precisión a los beneficiarios de la ayuda gubernamental; todo ello con el ánimo de evitar drenajes a la rentabilidad social de estas políticas de ingreso.

En el caso salvadoreño, el subsidio energético está destinado a los consumidores domiciliares de menores ingresos que pueden identificarse por los niveles de consumo reportados en sus facturas eléctricas, de tal manera que los costos de focalización no resultan significativos —desde el punto de vista social— en comparación con la mejora lograda en rentabilidad social, al permitir ampliar la cobertura efectiva de la población meta, ya que nada del subsidio se desviaría hacia beneficiarios espurios.

Comparando entonces los costos de focalización de la política y los beneficios de eficiencia logrados con la identificación efectiva de los destinatarios del subsidio energético, se puede asegurar que la medida tomada recientemente para excluir a las empresas como usuarias de este representó una medida apropiada desde la perspectiva de la eficiencia social.

Estamos partiendo del supuesto metodológico que los destinatarios del subsidio eran únicamente los consumidores domiciliarios dentro de cierto rango de consumo y no constituía una política multipropósito, que pretendiera subvencionar el precio de un insumo clave para la industria, como es la energía eléctrica, a guisa de instrumento para el control de la inflación local.

De ser este el caso, puede suceder que el impacto neto sobre los ingresos reales de los destinatarios actuales del subsidio energético resulte afectado por el traslado eventual del costo incremental que deben asumir las empresas, hacia los precios del resto de bienes y servicios del mercado interno.