Hace unos días los medios de comunicación citaban algunos casos de abuso de la fuerza por parte de miembros de la Policía, como el de agentes de la UMO que agredieron a un periodista televisivo y a ciudadanos que protestaban por la construcción de un relleno sanitario en Santa Ana. Igualmente el caso de abuso de parte de policías contra padres y alumnos de una institución educativa.

Estos hechos se recordaban por la golpiza que varios agentes propinaron al hijo de un diputado en las recientes vacaciones.

Se ha escuchado la versión del padre del agredido, mientras la institución policial guarda silencio. Aquel sostiene que le mandaron alto a su hijo y que procedieron a capturarlo. Una vez esposado fue lanzado al piso y golpeado. La violencia desatada contra el capturado que ya estaba sometido y tratándose de varios agentes es un abuso policial que conlleva infracción a las normas administrativas de la Policía y comisión de delito.

La Procuraduría General de Derechos Humanos ha afirmado que la Policía Nacional Civil es la institución que mayor número de denuncias tiene, por violación a los derechos humanos. Sin embargo el conocimiento ciudadano y los medios registran desde formas abusivas cotidianas contra los ciudadanos comunes, hasta ataques contra la integridad y la vida.

Personas que por negarse a identificarse o a ser registrados, sin que exista investigación de un delito particular y ley que obligue a mostrar el DUI o a ser registrado “por si acaso”, son golpeadas o capturadas por considerar que es un delito de resistencia. El solo hecho de expresar verbalmente desacuerdo al agente convierte a los ciudadanos en autores de este delito. Posteriormente siempre son liberados en los juzgados y no se conoce de procedimientos contra los policías infractores.

También existe violencia en el desprecio con que estas instituciones tratan a los ciudadanos cuando van a pedir que les regresen un vehículo decomisado o a poner una denuncia de hurto, o realizar otras diligencias. Algunos agentes abusan de su cargo. En otras oportunidades he expresado que nadie puede negar que el trabajo policial es complicado y que se asume una serie de riesgos, muchas veces sin un salario justo y condiciones adecuadas a la dignidad personal de los miembros de la Policía. Sin embargo no puede aceptarse que una institución del Estado actúe como los particulares que violan la ley. Es decir, no sería justificado responder desproporcionadamente ni siquiera contra los que cometen infracciones. Esto es así porque un agente de la PNC no es un criminal del Estado que se contrapone contra los criminales privados, como en tiempos del viejo oeste o de las potencias coloniales en América. Tampoco la PNC es una organización pública violenta o criminal que combate las organizaciones criminales de ciudadanos comunes. La Policía debe tener más carácter, más respeto y más calidad moral, más recursos inteligentes con aplicación de fuerza razonable y sin perder eficacia.

El caso comentado, más que resolverse por tratarse del hijo de un diputado, debe dar lugar a realizar acciones para prevenir y sancionar la violencia y abuso de autoridad de manera general. Se trata de un patrón común y no de un acto aislado.

No se resuelve pidiendo a los ciudadanos que pongan más quejas o denuncias contra el agente que haya cometido el abuso, porque ya hay muchas sin que se produzcan los resultados. Se trata de desarrollar políticas y acciones generales para recuperar en la Policía el carácter comunitario de la misma. Es necesario mejorar las tareas de formación policial, operación, control y sanción. Al mismo tiempo mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y respetar su dignidad.