Una vez más, nos llega el mensaje de Estados Unidos, en la voz de su embajador en nuestro país, sobre la necesidad de aprobar medidas legales que contribuyan a hacer más efectiva la lucha contra el crimen, tanto común como organizado. Desde hace bastante tiempo se viene hablando de la autorización de las llamadas escuchas telefónicas, que son indispensables para ejercer mejor control sobre las actividades delictivas, que hacen uso de todos los recursos tecnológicos a su alcance; e igualmente se reclama un tratado de extradición entre nuestro país y Estados Unidos, ya que las redes del crimen operan cada vez más entre ambos países.

El embajador estadounidense ha instado en forma franca a que se alcance un entendimiento efectivo entre el órgano Ejecutivo y el órgano Legislativo para arribar cuanto antes a esas decisiones tan importantes. En otras palabras, es una instancia a que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en temas de vital interés nacional. Desafortunadamente, en la Asamblea, y en general en el ambiente, las crispaciones partidarias, agudizadas por la intensidad creciente de la campaña electoral, parecen bloquear toda iniciativa de entendimiento en cuestiones de fondo, y por eso la excitativa diplomática a la que aludimos tiene un significado especial en estos momentos.

La lucha contra la criminalidad en sus diversas expresiones es ahora un fenómeno que traspasa y debe traspasar fronteras, porque el crimen va más adelante en su regionalización y globalización perversas. En esta lucha no hay minuto que perder, por ninguna razón. La estabilidad y el progreso representan lo que está en juego.

Ir a las causas profundas

El problema de la seguridad, como se ha repetido tantas veces, no es cuestión de superficie coyuntural sino de fondo estructural. Por eso, iniciativas que pueden ser muy vistosas, como las llamadas “Manos Duras”, no pueden producir impactos significativos ni duraderos en el ambiente. En efecto, se necesitan estrategias mucho más integrales, que vayan a los trasfondos de nuestra realidad, tal como se presenta en este momento y como se visualiza en el inmediato futuro.

Esto se halla íntimamente vinculado con el Estado de Derecho, y, por consiguiente, con los sistemas que interactúan en el tema seguridad, como el judicial, el policial y el penitenciario. Pero, sobre todo, la base es social. Atacar la inseguridad implica, entonces, contar con una política social que no sólo resuelva problemas, sino que los prevenga en forma eficiente y suficiente. Al respecto, el sistema de oportunidades para mejorar condiciones de vida es pieza fundamental en este esfuerzo tan complejo.

Tanto la sociedad como la institucionalidad deben empezar por integrarse en una dinámica de tratamiento y corrección de las causas estructurales de la inseguridad imperante. Temas como el desarrollo territorial, el desarrollo humano y el mejoramiento sistemático, efectivo y generalizado de condiciones de vida son vitales para luchar contra toda forma de inseguridad. Tanto la seguridad como la inseguridad son realidades transversales, mucho más que circunstanciales o estadísticas.