Hay que abrirle espacios a la racionalidad frente a los problemas del país

Reiteramos que el país se halla en fase apremiante de su aprendizaje de convivencia democrática, en medio de un enredo muy grande de problemas estructurales y coyunturales.

La inseguridad ciudadana sigue campante. La inversión no se mueve. La inflación continúa en alza que preocupa de veras. La situación de la economía familiar cruje por todos los costados. El crimen organizado se mantiene en su ley, como si nada. El déficit alimentario es cada vez más calamitoso. Desde los centros penales, que rebosan de presos, se dirige mucha de la actividad criminal. Aumentan las tensiones sociales, como se ve en el caso de los desalojos de ventas de calle en el centro de la capital, con incremento de violencia. El empresariado está inmerso en la incertidumbre y en la desconfianza. El clima preelectoral es tenso y desafiante. Y así podríamos continuar soltando el hilo grueso de problemas, que se agolpan a diario sobre el terreno rústico de la realidad nacional, con intensificación de presiones, tendencia al choque de posiciones y poquísima voluntad de lograr enfoques estratégicos razonados que permitan tratamientos integrales.

Desde luego, el estar ya dentro de la siempre cargada atmósfera preelectoral pone aún más obstáculos en el camino de crear condiciones que propicien y favorezcan entendimientos entre sectores y actores de la vida nacional. Y como no tenemos una tradición asentada de funcionar dentro de la lógica democrática de los acuerdos naturales sobre temas que atañen directamente al bien común, lograrlo en circunstancias como las presentes se hace aún más cuesta arriba.

En realidad, ante el apremio de la compleja problemática que nos afecta, lo que se ven son gestos aislados, que tienden a generar más roces que acercamientos, porque nadie quiere ni se propone ir al fondo de los problemas por la vía de una racionalidad que haga superar los personalismos mezquinos, los prejuicios arraigados y los cálculos inmediatistas sobre imagen y sobre lo que puede resultar de las urnas en los comicios que vienen.

Tal crispación de la atmósfera nacional se da prácticamente en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Por eso hay que valorar apelaciones como la que acaba de hacer públicamente el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección El Salvador, sobre lo que ocurre en la cúpula judicial: “Ahora bien, dado que esta división tiende a prolongarse indefinidamente y que ninguno de los dos grupos ceja en sus posiciones, nos vemos en la necesidad de exhortarlos vivamente para que, haciendo a un lado odios, rencores y rencillas personales, y sujetándose al bien común, superen, con sentido patriótico, las disensiones que afectan la actuación normal de la Corte Suprema de Justicia”. Se trata, en el fondo, de una exhortación, valedera en términos generales, a poner la racionalidad por encima de los conflictos, para poder resolver éstos.

Es lamentable, por ejemplo, que la iniciativa presidencial de crear una Comisión Consultiva no haya podido arrancar debidamente por fallas de planteamiento en la organización. Y esto no se resuelve con reacciones airadas o autodefensivas, sino teniendo en cuenta que establecer un grupo de tan alto nivel con propósitos de funcionamiento con resultados reales debe partir de un consenso básico, no de una mera invitación. Las cosas hay que emprenderlas bien para que resulten bien. Eso es parte de la racionalidad elemental que se requiere. Reiteramos que el país se halla en fase apremiante de su aprendizaje de convivencia democrática, en medio de un enredo muy grande de problemas estructurales y coyunturales. Eso debe hacer que la sensatez se imponga con mayor urgencia y eficiencia.