El 743 para el ciudadano común

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Desde que se gestó la aprobación exprés del decreto legislativo 743, sus perpetradores sabían que no iban a producirse protestas multitudinarias exigiendo su derogatoria, pues a la mayor parte de la población no le interesa ese tipo de temas a los que suele calificar de “enredados”.

Tal desinterés se fundamenta al menos en dos hechos: primero, que la gente –si bien escucha hablar del asunto por los medios de difusión masiva– no entiende en abstracto el significado, causas y consecuencias del decreto en el contexto del funcionamiento de los Órganos del Estado; segundo, que el ciudadano común no percibe en concreto una relación directa entre ese lío institucional y sus condiciones primarias y elementales de vida.

Ciertamente, el decreto 743 no provoca que suban los precios de la canasta básica ni empeora la situación de inseguridad física en la que zozobra la sociedad salvadoreña, pero sí impide que se comiencen a solucionar muchos de los problemas cotidianos que contribuyen a la amargura de muchos salvadoreños, de carácter cultural y estructural.

El punto central es que el 743 paraliza a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; de esta forma, los partidos políticos puedan seguir con el sistema tradicional de elección de diputados haciendo que la población tenga que votar por una bandera y no por una persona con nombre y apellido.

Este sistema fue declarado inconstitucional por esta Corte, pero los partidos políticos se las arreglaron para ignorar el fallo.

Así, los funcionarios elegidos para dichos cargos seguirán respondiendo a las cúpulas partidarias y no a la gente que votó por ellas, porque son las cúpulas las que reparten las curules sobre la base de los votos obtenidos.

Si en cambio la continuidad de un diputado o diputada dependiera directamente del voto popular, como en el caso de los alcaldes y alcaldesas, los legisladores se verían en la necesidad de consultar y responder a sus electores al momento de tomar decisiones; por su parte, los ciudadanos y ciudadanas podrían ejercer su derecho democrático para remover de sus cargos públicos a quienes no han cumplido con las expectativas.

A esto es a lo que se opone el FMLN, que en su momento no votó a favor del decreto 743 pero sí ha resultado ser el más porfiado defensor que los mismos progenitores del adefesio (PCN, PDC y GANA), una vez que ARENA cambió de postura y ofreció sus votos para derogar aquello por lo que votaron sin conocimiento ni debate al interior de su fracción.

Lo que debería tener presente la gente es que la Asamblea Legislativa es la responsable directa de la falta de solución de muchos problemas históricos, que se han eternizado merced a las componendas y negociaciones bajo la mesa de las cúpulas partidarias, generalmente de espaldas a la población: desde la inacción e impunidad con que cobija a quienes se han apoderado del sistema de transporte público de pasajeros, hasta la elección de funcionarios ineptos para puestos importantísimos en el combate al delito y a la corrupción.

No es ilusorio pensar que si tuviéramos diputados y diputadas que realmente respondieran a la voluntad de quienes los eligieron, se esforzarían por pensar y tomar decisiones más sensatas, razonables, realistas y efectivas, so pena de ser despedidos por el soberano, que es el pueblo, que por ahora permanece indiferente ante este tema.