Ayer por la tarde, la Asamblea Legislativa logró superar el veto presidencial contra la Ley para el Control del Tabaco. Esta es una decisión legislativa que viene a reafirmar que, pese a todos los problemas existentes, el sistema funciona. Dicha ley fue acordada en un principio con amplia mayoría, en función de que la legislación salvadoreña se ponga al día en un tema que ha venido ganando atención en todas partes: lo dañina que es la adicción aludida. Las organizaciones internacionales dedicadas a la protección de la salud vienen haciendo conciencia al respecto. Cerca de 5 millones de personas mueren anualmente en el mundo por enfermedades vinculadas directamente con el tabaco. No es posible desconocer esas realidades.

Cuando el veto presidencial hacía referencia al respeto a los derechos individuales se enredaba en su propio argumento, porque ¿quién ha protegido hasta ahora los derechos de las víctimas de la adicción ajena? La legislación al respecto tiene que contener prohibiciones expresas, porque se trata de proteger tanto a los fumadores activos como a los fumadores pasivos, y además generar dinámicas disuasivas para que vayan disminuyendo los atractivos de la adicción. La efectividad de las normas de esta ley tendrá que medirse en la realidad, y ojalá que se puedan concretar en los hechos los objetivos que se buscan.

Como en todas partes, la industria y el comercio del tabaco han venido generando grandes resistencias frente a esta ola global contra una práctica adictiva tan perjudicial para la salud. De seguro dicha industria y dicho comercio tendrán que ir desarrollando en el futuro los mecanismos de reconversión inevitables. Hay que tener presentes siempre los valores y su jerarquía. En este caso, no hay duda de que la salud de las personas, tanto fumadoras como no fumadoras, tiene el primer lugar, aunque desde luego ningún valor es excluyente de los otros valores.

La superación del veto no significa que se cierre la posibilidad de revisar el texto aprobado, porque toda legislación es perfectible, y de seguro habrá que corregir algunos aspectos que pueden ser excesivos o imprácticos; pero en un asunto tan sensible y delicado contar con un texto legal suficientemente contundente y motivador es una señal de que la conciencia nacional va ganando terreno. En este caso, habría que dejar de lado también las ventajas impositivas que arroja un comercio como éste. Hay objetivos superiores que deben prevalecer.

Es importante destacar que la superación de este veto contó con la unión de votos de las dos fuerzas legislativas más grandes, una de izquierda y la otra de derecha. Esto indica que siempre hay espacios para lograr acuerdos que permitan ir avanzando en la línea de la promoción de los derechos ciudadanos. Esa es, en sí, una buena señal. Y seguir dicha línea tendría que ser la brújula principal de la gestión pública.

Lo ocurrido no debe verse como un enfrentamiento entre el Presidente de la República y la Asamblea Legislativa: es el ejercicio de las opiniones diversas, lo cual resulta perfectamente normal en la democracia. Es hora, como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, de que todos entren en una dinámica de naturalidad democrática. Aquí no se trata de que nadie se imponga sobre nadie. Hay que hacer que la razón impere, siempre dentro del marco de los derechos y obligaciones que define y consagra nuestra Carta Magna.