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La derogatoria del veto que el presidente de la República, Mauricio Funes, aplicó a la ley contra el tabaco en el país no es una muestra más del estire y encoge del que los diferentes poderes del Estado sufren, sino la puesta en claro de que los intereses que persiguen van de lados opuestos.

Consumir tabaco en sociedades decorosas como la nuestra es el inicio de un ritual a escondidas, que como parte de una iniciación o de la atracción llega a las manos del 27% de los jóvenes salvadoreños entre los 13 y 15 años, que afirman, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), haber fumado en más de alguna ocasión. Además del costo equivalente para la rehabilitación de fumadores de un aproximado de medio millón de dólares, está el riesgo de morir por enfermedades relacionadas con el tabaco, que son altas en este país.

Aquí el impuesto que se paga por la cajetilla hace una diferencia de mínimo casi un dólar comparado con otros países; por ejemplo, en Cuba es del 70% y aquí del 30%, lo que resulta risible si nos damos cuenta de que por lo menos en otros lugares los productos tabacaleros pagan la cuenta del costo humano que implica siendo sujetos a los impuestos más elevados en el mundo.

Existen países como Alemania en el cual cada consumidor tiene que fabricar su propio cigarrillo o exportarlo en cantidades mínimas de países como el nuestro para poder consumirlo.

Lidiar con un universo de adolescentes para el cual consumir un cigarro cuesta aproximadamente 10 centavos de dólar no es fácil. Pero como siempre no se toma en cuenta que los intereses de otros pueden ser el beneficio de muchos. Aplicar el precio justo al daño verdadero debería ser la solución.

La decisión individual de un adulto que sea capaz de consumir lo que él considere conveniente es de respetar. Pero la de un adolescente que se rige por la publicidad y que va prácticamente a donde lo lleva la manada, no.

El gobierno tiene la responsabilidad de darle vuelta a la situación y utilizar la fuga fiscal de la que se ve beneficiado este sector de población y alcanzar los objetivos fiscales con la recaudación para la salud pública.

El cigarrillo ya no va a estar al alcance de todos, sino del que lo quiera y pueda comprarlo. De esta forma, pagar un aproximado de 400 dólares diarios por persona que sufre de alguna enfermedad derivada del cigarrillo no sería una carga estatal sino el resultado de la verdadera decisión individual de consumirlo.

Entonces el argumento del presidente Funes de respetar la decisión individual del consumidor sí aplicaría, aunque no fuera esa su intención.

Es indignante ver cómo en los países desarrollados el consumo del tabaco disminuye año con año y en países como el nuestro, que busca comenzar a encarrilarse a las vías de desarrollo, su consumo aumenta.

Aún se está a tiempo de aplicar medidas reales a esta problemática y ser educados hasta para fumar un cigarrillo.