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Demasiada energía social se desperdicia cuando el propósito no es resolver un problema o siquiera alcanzar un buen entendimiento del mismo, sino utilizarlo para desacreditar a los que han tenido o tienen en este momento la responsabilidad de encontrar soluciones. Ese es el caso de muchos políticos ante el problema de criminalidad.
En nada ayuda seguir repitiendo hasta la saciedad, como si no lo supiéramos, que el problema es heredado de los gobiernos de ARENA o que ha empeorado desde que Mauricio Funes y el FMLN subieron al poder. A nadie le importa realmente quién sale victorioso en la absurda disputa por variaciones de dos muertos más o tres menos en comparación con el mes anterior o con el mismo mes del año pasado. Puros juegos de números que en nada cambian la realidad.
Lo peor que pueden hacer los funcionarios responsables de la seguridad pública es entrar en una casa de espejos y enojarse o alegrarse por las imágenes, todas distorsionadas, que ahí se reflejan. Lo peor que pueden hacer es ponerse a la defensiva y pensar, con mucha ingenuidad o mucha soberbia, que ellos solos pueden con el problema o que toda crítica es mal intencionada.
Ojalá sea atinado el nombramiento del nuevo ministro de Seguridad Pública y Justicia, pero más allá de las habilidades y limitaciones de esa persona, lo importante es hacer una pausa y asegurarnos de que entendemos bien a qué nos estamos enfrentando. En primer lugar, hay que entender que la criminalidad no es un problema de gobierno sino un problema de Estado. Es la totalidad del sistema de justicia penal y no una sola de sus piezas lo que debe replantearse, porque obviamente el sistema ha sido superado y ha probado ser disfuncional frente a la magnitud y al tipo de violencia criminal que nos agobia. Así como está diseñado, el sistema solo acumula déficit con el paso del tiempo.
Es problema de Estado, además, por otras razones aún más graves. Detrás de los hechos de violencia hay grupos organizados que están socavando deliberadamente la legitimidad del Estado, poniendo contra la pared a sus autoridades, volviendo inútiles sus leyes e ineficaces sus instituciones; en suma, generando una situación de anarquía. Después de varias decenas de miles de víctimas individuales de extorsión y asesinato, la principal víctima resulta ser la sociedad entera y el marco jurídico que debiera darle cohesión y permanencia al Estado.
El Estado se enfrenta a grupos organizados que no solo no lo reconocen sino que además tratan de destruirlo. Por la enorme influencia de Hollywood y el sensacionalismo periodístico, es fácil pensar que la principal amenaza viene de mafias internacionales dedicadas al narcotráfico, cuyo modus operandi es la compra, intimidación o eliminación de jueces, fiscales, policías y otros funcionarios públicos. Sin embargo, hoy por hoy, eso es solo una parte relativamente pequeña del problema. La inmensa mayoría de hechos violentos están asociados con la actividad de las pandillas y solo una parte de ellos se explica por disputas de territorio para el tráfico y el mercado interno de drogas.
Las maras tienen su propia lógica, sus propios orígenes, su propia razón de ser. Sus modalidades de violencia no siempre son instrumentales a la comisión de otros delitos; es violencia para imponer respeto, para ganar credibilidad, para reclutar y fortalecerse; es violencia para poner a prueba el temple y la lealtad de los novatos, para castigar a quienes no acatan su ley, para anular cualquier vestigio de conciencia moral entre sus miembros. En una inmensa cantidad de casos, estamos frente a verdaderos sociópatas que no tienen respeto alguno por su propia vida y menos por la vida ajena.
El Estado salvadoreño debe reconocerse en guerra contra las pandillas. No puede combatirlas eficazmente con leyes, estrategias e instituciones pensadas para lidiar con casos excepcionales de violencia en una situación de armonía social. La única forma de proteger el estado de derecho que tanto nos ha costado es adaptándolo a las circunstancias para que no siga debilitándose hasta perder completamente su legitimidad. El nuevo ministro no debe llegar a detener la peña, sino a construir los consensos necesarios para modificar sustancialmente las estrategias de combate contra la violencia.