Los riesgos del cambio del clima impactarán siempre a los seres humanos y sus asentamientos, la industria turística, la salud pública, la producción de alimentos, la disponibilidad y calidad del agua, la integridad de los ecosistemas, la infraestructura vial, de generación y suministro de agua y energía. Los análisis indican que no existe un solo sector de la economía, población o región de El Salvador y de Centroamérica que quede librado de los efectos del cambio climático.

Las consecuencias de eventos hidrometeorológicos extremos sobre las variables macroeconómicas del país comenzarán a ser más significativas, toda vez que el porcentaje de personas, empresas o infraestructura que se encuentra asegurado frente a este tipo de riesgos es mínimo, y la única política para enfrentar dichas contingencias son los recursos presupuestales extraordinarios que destina el gobierno para tratar de paliar la devastación.

Contener el cambio climático implica un esfuerzo global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, cada país debe hacerse responsable de enfrentar los efectos del cambio del clima. Todos los instrumentos internacionales que abordan el tema documentan tres tipos de acciones: la prevención, la mitigación y la adaptación.

Estas acciones significan inversión de recursos a fin de evitar daños futuros, con acciones como la reubicación de asentamientos humanos; evitar el cambio de uso de suelo en ciertas zonas; impedir la destrucción de manglares o la deforestación; disponer mejores normas de construcción para ahorrar energía o producirla mediante tecnologías renovables; establecer incentivos económicos o fiscales para impulsar el mercado de seguros frente a fenómenos hidrometeorológicos; conocer y regular la calidad del aire que se respira en todo el país.

Por ende, es urgente establecer un Fondo Nacional de Desastres Naturales que, alimentado en parte por el presupuesto nacional y en parte por la cooperación internacional, se utilice para mitigar las consecuencias inminentes de fenómenos naturales que constantemente azotan nuestro país.

 

Aunque sabemos que los recursos del Estado serán siempre insuficientes, creo que la política pública en este entorno debería ser lograr consolidar recursos en una bolsa de ahorros que esté disponible ante las ingentes necesidades que sobrevienen de nuestras vulnerabilidades ambientales.

La conformación de este fondo no pretende convertirse en una estadística más de subejercicio fiscal ni motivo de debate político, sino una prioridad absoluta de cualquier gobierno, para minimizar la natural preocupación de cómo enfrentar la ayuda inmediata a las personas necesitadas, y la debacle económica que implican estos desastres para nuestro país.

Esto posibilitaría al gobierno que en lugar de comenzar a gestionar ayudas en el momento de la tragedia, tenga recursos frescos, disponibles, para hacer frente a la emergencia y al proceso de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura dañada.

 

Lo cierto hasta el momento es que las amenazas de la naturaleza por las acciones del hombre son cada vez más constantes y agresivas y el diseño con que cuenta nuestro país para enfrentar el cambio climático es deficiente.