Conforme a la estructura diseñada en los acuerdos de paz, cada tres años se renueva un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyo período personal es de 9 años. Esta renovación periódica parcial es un mecanismo para darle a la Corte, que es el tribunal supremo de la República, una dinámica interna que asegure las evoluciones constantes dentro de dicho organismo colegiado. Se elegirán, pues, cinco nuevos magistrados, uno de ellos de la Sala de lo Constitucional. Esto coincide en el tiempo con la elección de una nueva Asamblea Legislativa, a quien naturalmente le corresponde hacer la elección de segundo grado para completar la Corte.

En tiempos recientes, la CSJ ha estado congestionada por diversas disensiones intestinas. Al ser un cuerpo colegiado, siempre es difícil lograr la armonía interior; pero también es evidente que se viene manifestando la tendencia muy negativa a crear trincheras internas, con el perjuicio que eso causa tanto al funcionamiento institucional como a la credibilidad de la impartición de justicia al más alto nivel. Se trata, desde luego, de que la Corte como tal y sus distintas Salas cumplan con sus respectivos deberes en forma libre y plena, pero con el tino y la responsabilidad que aseguren la saludable puesta en práctica de la ley y den el debido ejemplo de ecuanimidad y acierto.

En esta oportunidad, pues, y dadas las convulsiones que se vienen dando en el interior de la cúpula del Órgano Judicial, hay más expectativa tanto sobre los resultados de la elección directa de los abogados para configurar su lista de candidatos como sobre la selección que hará el Consejo Nacional de la Judicatura para integrar la suya. Ambas listas, de 15 nombres cada una, se enviarán a la Asamblea Legislativa para que sea en el seno de este Órgano donde se haga la elección de los 5 nuevos magistrados. El sistema de elección ha mostrado, a lo largo de estos años, bastantes imperfecciones, y en ellas hay que poner la máxima atención ciudadana e institucional.

La elección directa se ha convertido en una especie de competencia al estilo de lo que pasa en el ámbito político. La selección del CNJ no ha ofrecido, hasta la fecha, la confiabilidad y la transparencia que son básicas para garantizar un buen resultado. Y, por su parte, las fuerzas partidarias han estado más dispuestas a defender sus “cuotas de poder” que a fortalecer el ente judicial. A ver cómo se dan y cómo salen las cosas esta vez. El ojo público está puesto sobre las decisiones y las acciones de cada uno de los partícipes en todo este proceso, lo cual da más confianza de que se pueda, al final, escoger a los mejores en todo sentido: lo moral, lo actitudinal, lo intelectual, lo científico.

El Consejo Nacional de la Judicatura supervisará, en esta ocasión, la elección directa que realiza la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador. Falta por buscarse el mecanismo de supervisión de lo que decide dicho Consejo. A lo que debería tenderse, en realidad, es a que elecciones como ésta respondan al más puro interés público e institucional, y no a ambiciones individuales o de grupo, de cualquier índole que fueren. Nunca habrá un mecanismo perfecto o apolítico, porque eso no existe en ninguna parte; pero cuando menos se debe contar con las seguridades básicas de que se está avanzando en la ruta de mejorar de veras la justicia.

Es muy determinante para la buena salud de todo el proceso que la administración de justicia opere con todas las de la ley, desde la cúpula hasta la red de tribunales esparcidos por todo el territorio nacional. Por eso la escogencia de las personas se vuelve clave.