Desde hace más de un año, varios analistas de la realidad nacional, algunos partidos políticos y diversas organizaciones de la sociedad civil le han exigido reiteradamente al presidente Funes una reestructuración profunda de su Gabinete de Seguridad, y han reclamado también una estrategia mejor definida y más efectiva para conseguir resultados significativos en la lucha contra la criminalidad. Todos entendemos que los niveles y modalidades de la criminalidad que azotan a nuestra sociedad constituyen un complejo fenómeno social y un reto monumental para un conjunto de instituciones que no han logrado siquiera contener la escalada de violencia. Los funcionarios que hasta la fecha han cargado con la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos han trabajado con empeño, pero sus esfuerzos han resultado muy insuficientes.

El presidente Funes finalmente ha optado por el cambio y ha reemplazado algunas piezas clave, comenzando, a finales del año pasado, con el propio ministro del ramo y siguiendo, hace pocos días, con el director de la PNC. Otros muchos cambios han ocurrido como consecuencia de esos movimientos. Renuncias, relevos y rotaciones al más alto nivel en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en la Policía Nacional Civil. Se está terminando de consumar un cambio total en el estamento directivo de las instituciones bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo.

No se trata solo ni principalmente de un cambio de personas. La idea es propiciar un cambio de mentalidad, una forma diferente de entender y ejecutar la misión. Si las personas con quienes me relaciono en diversos ámbitos son un buen indicio de las percepciones predominantes en el conglomerado social, podría afirmar que los cambios que están ocurriendo han sido recibidos con cauteloso optimismo. Al fin de cuentas esto es lo que la gente estaba pidiendo.

Pero también se manifiesta en algunos círculos políticos y académicos una preocupación por el hecho de que dos generales del Ejército, ahora en situación de retiro, han pasado a ocupar los cargos más importantes en la conducción del trabajo policial. Tal preocupación no está enteramente desprovista de fundamento, pero tampoco tiene una irrefutable justificación. Me parece que estas cosas deben verse sin ingenuidad pero también sin prejuicios. Un refrán poco conocido en nuestro medio lingüístico afirma que la cabra tira para el monte; léase que los militares podrían verse inclinados a emplear las formas de combate que mejor conocen, las que emplearon antes sin mayor consideración por los derechos humanos. Puede ser y debemos estar vigilantes para que esto no ocurra. Pero lo cierto es que las violaciones a los derechos humanos en el transcurso de ese trágico período ocurrieron en un contexto totalmente diferente.

Veníamos de medio siglo de gobiernos militares y cuando, por fin, tuvimos gobiernos civiles estuvieron extremadamente condicionados por la lógica y los dinamismos de la guerra. La institucionalidad democrática de la época era sumamente débil, si es que la había. La sociedad estaba completamente sometida, no tenía libertad de expresión ni garantías que la protegieran de los graves y frecuentes abusos de poder. Las cosas ahora dejan todavía mucho que desear pero son muy diferentes. Aunque los generales Munguía y Salinas fueran unos monstruos, se verían como osos polares en medio del desierto de Sahara si quisieran recurrir a los abusos que prevalecieron en el pasado. Pero sucede, además, que estos señores no son unos monstruos; lejos de eso, son ciudadanos muy decentes, representativos de una institución que, aunque no haya reconocido de manera explícita sus excesos del pasado, ha cambiado su mentalidad y ha dado muestras fehacientes de estricto apego al Estado de Derecho. Se ha dicho también que la lucha frontal contra las pandillas podría desatar más violencia, como ha ocurrido en México. Pero este argumento es bastante superficial, porque se trata de dos situaciones que, más allá de algunas apariencias, tienen realmente poco en común.

La represión de las conductas criminales no está necesariamente reñida con los enfoques de prevención social y rehabilitación. Pero hay que entender que el uso firme del poder coercitivo del Estado no solo es legítimo y necesario en el plazo inmediato, sino que además facilitará las acciones que deben hacerse para mejorar la calidad de vida de la población.