La corrupción fomenta la actividad criminal

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En un informe sobre la evaluación de la amenaza mundial rendido el pasado 2 de febrero por James R. Clapper, director nacional de Inteligencia de Estados Unidos al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, leemos el párrafo que textualmente dice:

El Salvador y Guatemala se enfrentan con algunas de las tasas más altas de crimen violento y homicidio en el mundo. Adicionalmente, instituciones débiles y funcionarios corruptos en estos países han fomentado un ambiente permisivo para que la actividad criminal de las pandillas prospere.

Los medios de comunicación rebalsan a diario con información de la actividad criminal que flagela nuestro país, pero los espacios noticiosos poco o nada dicen sobre el involucramiento de “funcionarios corruptos” involucrados en esa actividad criminal.

Articulistas y formadores de opinión, incluyéndonos a nosotros, hemos expresado temor, si no certeza, de que hay quienes en el quehacer oficial de los tres Órganos del Estado se benefician del crimen y la violencia. Pero lejos estamos nosotros de saber a fe cierta quién o quiénes son esos funcionarios, por mucho que sospechemos de aquellos que con su conducta se delatan a sí mismos.

Ni tampoco el ministro de Seguridad ni ninguno de sus subalternos en el ramo han tan siquiera insinuado sobre la participación de funcionario alguno en la perversa actividad.

De que los hay, los hay. La lucha contra el crimen no para con arrestar docenas de mareros todos los días ni con operaciones de madrugada de cuerpos especializados de la PNC. No cabe duda alguna que los organismos de inteligencia están muy bien enterados de quiénes dentro del gobierno se cobijan en los oscuros recónditos rincones de la protección oficial.

Lo peor es que esto no es de hoy, es de siempre. Todos recordamos la promesa del expresidente Saca después del asesinato de los parlamentarios salvadoreños y su conductor y seguridad en Guatemala: “No descansaremos hasta dar con los culpables... no importa quiénes sean ni dónde estén”. Punto. Allí terminó todo.

¿Qué es lo que hace que estos individuos se mantengan en el anonimato y la consecuente impunidad? ¿Quién los protege y por qué?

Ambas preguntas encuentran respuestas fáciles. Se mantienen impunes y anónimos porque tienen poder, el poder de la droga y del dinero. Y son protegidos por aquellos que reciben beneficio de sus andanzas criminales. No hay otra respuesta.

Es del dominio público que hay altos exfuncionarios que se dedican al lucrativo negocio del lavado de dinero. Pero lo malo no para allí. Autoridades de Estados Unidos han denunciado a estos individuos a las más altas autoridades nacionales y lejos de que estas hagan algo al respecto, no solo los protegen sino que estimulan sus aspiraciones políticas.

La red en que estos individuos se desenvuelven es de gran fuerza internacional, en la que están involucrados bancos, instituciones y personajes de mafias extranjeras, todos en una asociación perversa, lucrativa en extremo, a grado de permitirles desarrollar su propia red nacional con miras hacia el futuro próximo.

Donde más evidente se hace este síndrome criminal es en nuestra Asamblea Legislativa. Es allí donde ciertos legisladores haciendo gala de cinismo extremo no esconden su afición o dedicación a actividades que desarrollan protegidos por el fuero parlamentario que irónicamente sirve para cubrir cualquier actividad por ilícita que sea.

Los ingenuos como este servidor pensamos que llegará el día en que alguien que quiera a su país y a sus ciudadanos denuncie y someta a juicio a estos individuos de una vez por todas. Talvez así las fuerzas de seguridad puedan tener éxito en su lucha contra el crimen.

Nota personal. Agradezco a los señores Rodolfo y José Roberto Dutriz las deferencias que me han demostrado durante mi ausencia las últimas semanas.