Hay que avanzar en un ordenamiento serio y responsable

Estamos pasando de la superficialidad a la sustancialidad. Es camino largo y accidentado, pero que sin duda se abre cada vez más.

La Asamblea Legislativa aprobó, en su sesión del pasado miércoles, la Ley de Medicamentos, que era una iniciativa que venía rodando por los laberintos partidarios desde hacía bastantes años. Como ha pasado con otros cuerpos legales de carácter ordenador en distintas áreas de la actividad pública y privada, el forcejeo básico siempre va dirigido a lograr que las leyes correspondientes operen en la práctica con la menor eficiencia que sea posible. Tal distorsión procedimental parece un contrasentido fuera de lugar, pero lo que refleja es la capacidad de predominio que siguen teniendo los intereses particulares sobre el interés general.

La Ley de Medicamentos, que toca aspectos muy sensibles para el aseguramiento de la salud de la población, se aprueba cuando están por finalizar las vísperas de los comicios legislativos y municipales del próximo 11 de marzo. El hecho de que tal aprobación se haya dado en este momento, y prácticamente por unanimidad de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, no es una situación casual. Indica que, al hacerse evidente que había votos para que pasara la ley, nadie se animó a correr el riesgo de quedarse fuera, por los adversos efectos de imagen que eso acarrearía ya de cara a las urnas.

La Ley establece regulaciones tanto en el ámbito de la configuración de precios de los medicamentos como en los controles para evitar diversas formas de abuso en la comercialización. Habrá, según la Ley, un ente contralor que será la Dirección Nacional de Medicamentos. Se trata, pues, de todo un cuerpo de disposiciones que no sólo se enfilan a normalizar precios, lo cual de seguro es el punto más visible y más sensible, sino que también apuntan a transparentar conductas tanto comerciales como profesionales. Se prohíbe, por ejemplo, una práctica generalizada, como es la de ofrecer dádivas o regalías para asegurar la prescripción y la venta de productos determinados.

Esta Ley, de entrada, parece contener los mecanismos necesarios para conducir a una vigencia que no se quede en el papel; pero habrá que ver lo que pasa en la práctica, que es donde se mide la idoneidad y la efectividad de los cuerpos legales. Se trata de pasar a una práctica que sea seria y razonable, para que la ley cumpla sus objetivos sin atropellar a nadie. Aquí hay otra prueba para el ordenamiento eficiente, y ojalá en este caso no se repita lo que ha venido pasando en otras áreas también erizadas de intereses de diversa índole, como son la del ordenamiento territorial y la del ejercicio de la transparencia.

Como hemos reiterado cuantas veces ha sido oportuno, la democracia bien comprendida y bien ejercida es básicamente ordenadora. La competencia democrática, que no sólo es de partidos o de posiciones políticas, implica que todos los integrantes del conglomerado social, en los distintos campos y niveles del mismo, asuman sus potencialidades y sus límites, de tal manera que se vaya garantizando y arraigando la convivencia pacífica, fundamento vital del progreso sostenible. Y por ello es tan indispensable cerrarle portillos a la arbitrariedad, de cualquier tipo que esta sea, y darle instrumentos de balance eficaz al régimen de libertades.

La aprobación de esta Ley, en el tiempo y en la forma en que se ha consumado, nos muestra que la competencia democrática es cada vez más demandante. Estamos pasando de la superficialidad a la sustancialidad. Es camino largo y accidentado, pero que sin duda se abre cada vez más.