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El sueño de casa propia, en El Salvador, es eso, un sueño.
En el mercado de bienes y raíces una vivienda mínima, con los espacios básicos necesarios, ronda los $12,000. Para que una familia pueda endeudarse por esa cantidad necesita algunas garantías, como un ingreso fijo, demostrar estabilidad laboral o poseer un bien inmueble.
El 43% de las familias salvadoreñas está subempleado. Esto evidencia un mercado inmobiliario excluyente que margina a muchos de la oportunidad de contar con vivienda digna y propia.
El inevitable resultado de este desequilibrado sistema son los asentamientos, lugares con alta precariedad en servicios básicos donde habitan familias que se ven obligadas a resguardarse en pisos de tierra con paredes de plástico o lámina y techos improvisados. En este país existen 2,508 asentamientos, que resguardan a aproximadamente dos millones de salvadoreños (PNUD, 2010).
El 19 de abril existirá un asentamiento menos: 285 familias, incluyendo niños y adultos mayores, serán desalojadas violentamente de la comunidad Los Héroes, en el kilómetro 62 de la carretera de Santa Ana. Las champas en las que habitan y la escuela de la comunidad serán derribadas, al igual que su dignidad.
Estas 285 familias salvadoreñas abandonarán el asentamiento, no porque hayan podido vencer a la pobreza, sino porque el mismo Estado, a través del juez Segundo de Paz de Santa Ana, ha decidido hacer efectiva la orden de desalojo. Nadie se ha preocupado por trabajar con las familias en una alternativa viable que respete sus derechos y no los deje en la calle.
Esta violación a los derechos humanos debe ser denunciada por la opinión pública. Esto no se compara con el tímido aumento de impuestos de la pasada reforma fiscal. Lo que está a punto de suceder es que 285 familias serán despojadas completamente de lo poco que tienen: la champa que a duras penas les protegen.
El derecho a la propiedad privada en ningún momento debe atentar contra el bienestar de los salvadoreños, sino que debe estar en función de abrir oportunidades a las familias para mejorar sus condiciones de vida. Eso es indiscutible.
La existencia de 2,508 asentamientos claramente nos indica que hay un grave fallo en el sistema de adquisición de viviendas y exige atender integralmente la problemática. Desalojar violentamente a poblaciones enteras agrava la situación, profundizando y perpetuando la pobreza.
¿Se puede solventar esta problemática respetando simultáneamente el derecho a la propiedad privada? Sí. Chile lo ha demostrado.
Primero, se dieron cuenta de que las políticas de libre mercado tienen limitaciones en condiciones donde no todos tienen las mismas oportunidades y herramientas disponibles. Luego, desarrolló una modalidad de trabajo inclusiva a través de Entidades Gestoras de Inmobiliaria Social involucrando en compromisos concretos a familias de asentamientos, privados y gobierno.
Poco a poco con este tipo de políticas los asentamientos se han ido reduciendo a tal punto que en los próximos ocho años Chile se ha propuesto erradicarlos por completo.
Por ahora, hay que detener urgentemente el irresponsable desalojo en Los Héroes. Y en seguida debemos asumir el compromiso de construir sistemas de oportunidades incluyentes, que brinden herramientas que permitan salir de la pobreza al 40% de salvadoreños en estas condiciones.