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Como muchas voces ciudadanas lo han expresado, y me uno a ellas, lo correcto en términos éticos, políticos y jurídicos es que la elección de los próximos magistrados y del fiscal se haga hasta en la siguiente legislatura.
Los que se oponen a ello han esgrimido muchos argumentos. Me llaman la atención tres: 1) que la Asamblea elija dos veces tales funcionarios, ya se hizo anteriormente; 2) que se tiene el derecho de elegir pues la ley no lo prohíbe explícitamente; 3) que no es relevante que lo elija esta o la otra legislatura, pues el reparto político y el contubernio seguirá con la actual o con la venidera legislatura.
Los argumentos de algunos personeros del FMLN recordando que ARENA ya lo hizo antes, y que por tanto ahora tienen el derecho de hacerlo, es chocante. En otras palabras, en lugar de afirmar ahora vamos a cambiar como partido que se pretende abanderado del cambio, lo que aparecen sosteniendo es no cambiemos, sigamos igual. En lugar de sostener que no van a cometer los vicios del pasado propugnan que los vicios sigan en el futuro. En lugar de alejarse del que antes actuó incorrectamente se acercan a él. En fin, bajo tal tipo de argumento, el mensaje que dan es el siguiente: como mi adversario antes violó la Constitución, manipuló leyes, compró voluntades, ahora yo tengo derecho al contubernio político, al rastrero trueque legislativo y al chanchullo.
Los que todavía creemos que hay gente valiosa en el FMLN y en su capacidad de recapacitación, esperamos que tales argumentos y comportamientos por los que antes tanto se luchó en contra, cedan paso a los principios, valores y actitudes que inspiraron los otrora ideales revolucionarios de justicia, decencia y democracia. Queremos confiar en que no cometerán semejante error histórico.
Por otro lado, hemos escuchado en boca de algunos diputados, especialmente de GANA, que no hay problema en elegir los funcionarios en mención porque la ley no lo prohíbe. El argumento transmite otro desastroso mensaje: si la ley no prohíbe al legislador llegar borracho a la Asamblea, pues tiene el derecho de llegar bolo; si la ley no prohíbe recibir dinero de empresas, colegas o funcionarios de gobierno para favorecer sus intereses, entonces puedo poner una boutique de favores dentro de la Asamblea.
Finalmente está el argumento de que da lo mismo elegir en esta que en la otra legislatura, o que la aritmética de la próxima Asamblea hará más difícil tomar decisiones con voto cualificado. Como si lo importante en la democracia fueran las decisiones fáciles entre aliados y amigos, y no la calidad y legitimidad de las decisiones producto de mayores equilibrios y contrapesos entre adversarios. No es que se trate de favorecer a ARENA, como sostiene injustamente una de las críticas de ciertos miembros del FMLN hacia sectores progresistas. Se trata de una aritmética legislativa que suele dar resultados más debatidos, ponderados y calificados.
Pero lo más esencial a contraponer a este como a los anteriores argumentos es que la elección de funcionarios tan claves para la justicia tiene que ser parte de un proceso serio, transparente y bien cimentado, especialmente cuando la justicia pasa por uno de sus peores momentos, y cuando se fortalece el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Hay que escoger bien, darse el tiempo para buscar los candidatos idóneos, investigarlos y escarbarlos a fondo (como se hace en la mayoría de países democráticos por medio de las audiencias privadas y públicas). Y esto toma tiempo, dedicación y debate legislativo.
Hacemos por tanto un llamado a los partidos políticos, a sus dirigentes y diputados/as para que reflexionen seriamente sobre las consecuencias que tendría un proceso amañado, una decisión nefasta y unos pésimos funcionarios electos que no tendrían mayor legitimidad. Decisión que no solo nos metería en una desgastante coyuntura como la vivida con el decreto 743, sino que significaría un enorme retroceso a nuestro frágil proceso democrático.