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A todos los salvadoreños nos da satisfacción ver trabajando a obreros, ingenieros y maquinaria, terminando el último trecho del por varios años abandonado bulevar Diego de Holguín. Bastante le cuesta el atraso de esta obra a muchos salvadoreños que transitan frecuentemente por allí en tiempo perdido, gasolina, gastos de mantenimiento de vehículos, etcétera. La escena como que nos recuerda lo que desgraciadamente es cada vez menos común y es ver a personas honestas y laboriosas trabajando en obras públicas de gran envergadura y relevancia, para el desarrollo económico y social de nuestro país.
Desgraciadamente, esto no se repite en el todavía inoperante puerto de La Unión, que representa muchas oportunidades de trabajo para grandes cantidades de salvadoreños, esperanzados en que esta importante y futurística obra comience a operar. Igualmente está ocurriendo a muchos niveles de la mayoría de dependencias públicas, en campos tan importantes como la salud y la educación. De todos es conocida la falta de medicamentos en los hospitales, la falta de instalaciones adecuadas en las escuelas y cárceles y hasta la falta de entrega oportuna y pobre calidad de los paquetes escolares.
Pareciera que lo expresado hasta el momento es una crítica al actual Gobierno. Sin embargo, si analizamos la razón de por qué la construcción del bulevar Diego de Holguín y otros muchos proyectos se encuentra atrasada, nos vamos a encontrar que la mayoría son obras que vienen con problemas de ejecución desde gobiernos anteriores y por causas que tienen que ver, sobre todo, con la pérdida de valores morales imperante en nuestra sociedad. Conviene reconocer que esta pérdida de valores no solo existe en el sector público, a través de actos de corrupción en general, sino también en el sector privado, ya que para que exista corrupción se necesita pérdida de valores tanto del contratante como del contratado.
Luego, por hoy, debido a que gracias a Dios la democracia se sigue imponiendo y los actos de corrupción comienzan a tener consecuencias para las personas e instituciones que los cometen, la más importante causa de la paralización en la ejecución de proyectos públicos tiene que ver con el temor a la toma de decisiones de los funcionarios y empleados públicos prudentes y honestos (los cuales afortunadamente son todavía la mayoría), por temor a verse envueltos en algún escándalo de corrupción. Es esta paralización lo que ha vuelto imposible que varios de los proyectos y productos necesarios para nuestro país se implementen y en algunos casos hasta se hayan perdido importantes créditos ya aprobados y contratados, por falta de capacidad de ejecución de los organismos encargados. Las consecuencias de esto las pagamos todos los salvadoreños en mayores costos de producción y menos oportunidades de trabajo por falta de competitividad con otros países.
Ante esta realidad, una de las medidas que pudieran recomendarse para solventar este problema es que este y los futuros gobiernos pudieran instaurar, a nivel presidencial, un Comité de Auditoría de Licitaciones del gobierno, formado por tres personas de alta y reconocida honestidad y el cual con el personal operativo necesario pudiera ser el auditor a posteriori de todas las licitaciones y órdenes de cambio adjudicadas en las distintas dependencias gubernamentales.
La formación de este comité permitiría que el presidente de la República esté perfectamente informado sobre cualquier anomalía en la adjudicación de las licitaciones efectuadas en las dependencias del Gobierno, lo que contribuiría a ahuyentar las tentaciones de corrupción en las dependencias ejecutoras; además de facilitar la toma de decisiones en estas e incluso permitir que se premie la calidad de los productos ofertados, que es a veces la razón del porqué ciertas obras o productos se retrasan o fracasan.