Por primera vez existen serias posibilidades de alternancia política en Venezuela. El candidato de la oposición es joven, sano y representa el cambio. Ha realizado una gestión exitosa como gobernador del estado de Miranda y en su discurso evita confrontar con el presidente Chávez renunciando así a los posicionamientos radicales que la mayoría de venezolanos rechaza. Esa es la descripción que hace Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, acerca de Capriles Radonski.

Sobre el actual mandatario dice que cuenta con dinero, carisma, control mediático e institucional y una maquinaria electoral “poderosa”. Las debilidades también están presentes en ambos personajes. Capriles tiene “menos dinero”, difícil acceso a medios de comunicación y podría ser asociado con la “oligarquía”. Chávez por su parte está enfermo, su campaña ha sido “virtual” con twitter en mano, el gobierno para muchos es “ineficiente” y su discurso está “desgastado”.

Con una eventual victoria de Capriles no se desmontará la concentración de poder a favor del antiguo régimen. Por lo menos no en el corto plazo. Hugo Chávez se encargó de rediseñar la ingeniería institucional del Estado y lo hizo “muy bien”. Con la mayoría legislativa a su favor, manipuló la constitución y la ley, de tal forma que las principales instituciones ahora están tomadas por funcionarios leales al oficialismo. Si la oposición gana en octubre tendrá el reto de lidiar con una “arquitectura estatal” que continuaría respondiendo al chavismo. El poder judicial, los entes fiscalizadores, el congreso y el mismo ejército protegerán a los exfuncionarios y probablemente impidan que Capriles y su equipo cumplan con lo prometido durante la campaña electoral. Es más, es muy probable que estos lleguen a ser víctimas de procesos legales arbitrarios y persecución penal. El nuevo gobernante lideraría el Ejecutivo, pero las leyes, las decisiones judiciales, la lucha contra la corrupción y el combate a la inseguridad pública probablemente permanezcan en manos de otros que intentarán a toda costa que el nuevo gobierno fracase.

Capriles no debe desmontar la institucionalidad de Chávez para armar la suya. No se trata de lealtades oficiales hacia el gobernante de turno. El aspirante opositor, si gana, además de recomponer el sistema democrático, la confianza de los ciudadanos y el tejido empresarial, tendrá que restaurar el sistema político en su conjunto. Deberá trabajar para que este funcione de manera autónoma de tal forma que su papel como gobernante esté sometido a vigilancia y supervisión. Lamentablemente el guion de Venezuela ha sido la receta recurrentemente aplicada en Suramérica y en alguno que otro país centroamericano: referéndum para reformar la constitución, nombramiento de funcionarios fieles al régimen, control legislativo y judicial y ataque a la libertad de expresión. Los políticos han entendido que sin instituciones no pueden gobernar. Y para ejercer sus funciones “sin estorbos” se han dedicado a crear entidades a la medida, desarticulando lo legal y justificando lo incorrecto.

Un sistema republicano se distingue por la separación de poderes. Los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial responden o deberían hacerlo exclusivamente a lo establecido en la Constitución de la República. Ninguno de sus titulares tendría que estar sometido ni a la Presidencia de la República, ni a partido político alguno, ni mucho menos a grupos de presión. La institucionalidad no es una herramienta al servicio del poder. Por el contrario, el poder político mismo está sometido al control institucional y cuanto más independiente y honesto sea este último, más garantías tienen los ciudadanos que sus derechos serán celosamente protegidos y rigurosamente exigido el cumplimiento de sus obligaciones.

Lamentablemente existe poca o nula conciencia sobre el rol del “entramado institucional”. El común de los ciudadanos necesita empleo, seguridad, educación y salud para sus hijos. Reparar en el daño democrático que representa la elección ilegal de funcionarios o en su remoción sin causa justificada no compite con los principales problemas del conglomerado social. Hace falta “crear ciudadanía”. La educación cívica es un imperativo que universidades, gremiales, centros de pensamiento y sociedad civil organizada deben proponerse realizar en el corto plazo. El rol del Estado, su conformación, el funcionamiento de la estructura institucional, el procedimiento de elección de sus titulares y sus atribuciones, son algunos de los aspectos que urge interiorizar en el imaginario social. Solo así entenderemos que sin instituciones no hay estado de derecho y sin este último la democracia se debilita cediendo al caos, a la anarquía y al poder del más fuerte.

La “gripe democrática” que debilita, corroe y desgasta al estado constitucional y democrático de derecho ha mostrado sus primeros síntomas en El Salvador. Estos no iniciaron con la plenaria en la que se removió al presidente de la Corte Suprema de Justicia; por el contrario, vienen de muchos años atrás. Sin embargo, se han agudizado y muestran una “sofisticación” digna de la más inescrupulosa manipulación del orden jurídico. Igual que en el caso venezolano y en el nicaragüense para citar un ejemplo regional, quien gobierne en 2014, si realmente lo quiere hacer como lo manda la ética y la legalidad, tendrá que lidiar con instituciones “porosas” que difícilmente atenderán los principios del sistema democrático, republicano y representativo.