La mayoría de los diputados de la saliente Asamblea no solo hicieron caso omiso del clamor de la sociedad y de la voluntad popular expresada en las urnas, sino que llegaron a menospreciar los movimientos ciudadanos y burlarse de sus cometidos. Sin duda alguna, lo que se ha visto en la última plenaria de la Asamblea es un atentado y un irrespeto a la Constitución. Pero como bien lo vaticina un destacado analista político, los manipuladores del poder siempre terminan rebalsando la indignación de la sociedad de una u otra manera.
Anticipando sin ninguna justificación una elección que no les correspondía, los diputados designaron y juramentaron en una maratónica noche al fiscal y a los nuevos magistrados de la CSJ, burlando el claro espíritu del legislador constituyente y violando la norma constitucional según la cual los funcionarios solo tienen las facultades que expresamente la ley les da y los diputados exclusivamente las que la Constitución les confiere (art. 131 Cn.).
Aun más grave, estos diputados llegaron hasta el colmo de decidir la exclusión del magistrado Belarmino Jaime de esa sala, con el innegable propósito de desarticular la Sala de lo Constitucional y evitar que pueda seguir dictando resoluciones ajenas a presiones políticas. Al nombrar dos nuevos magistrados en vez de uno, que era lo que correspondía, se aseguraron poder paralizar las actuaciones de la sala, ya que las resoluciones requieren de cuatro votos.
Pretendiendo confundir a la ciudadanía, han justificado semejante violación alegando que la Asamblea elige el presidente de la sala quien es a su vez presidente de la CSJ y del Órgano Judicial, por un periodo de tres años por lo que les correspondía nombrar a un nuevo presidente, ignorando deliberadamente la diferencia entre la elección como magistrado, que es por nueve años e inamovible para la Sala de lo Constitucional, y la designación como presidente que es por tres años y puede recaer sobre cualquiera de los cinco magistrados de la sala, siendo la primera una investidura y la segunda un cargo.
No conformes con tanto atropello, los diputados de ciertas fracciones decidieron el futuro de la Asamblea entrante, firmando entre ellos un protocolo en el cual se distribuyen la presidencia de la Asamblea, los cargos directivos y las presidencias de comisiones de la legislatura entrante, dejando por fuera la fuerza política que obtuvo el mayor número de votos. Esto equivaldría a que el presidente de la República saliente nombrara al Gabinete entrante aunque fuera de diferente tendencia; a todas luces es ilógico, absurdo e ilegítimo. Como si no fuera suficiente, y no estuviéramos viviendo tiempos de crisis económica, los diputados decidieron aumentar el salario de los presidentes de las distintas comisiones, gravando aun más el presupuesto nacional que proviene del bolsillo de todos los contribuyentes.
Ante el repudio de la ciudadanía, tuvieron que revertir esa deplorable decisión pero la tolerancia de la ciudadanía se está agotando; el sentimiento de impunidad, la arrogancia y las actitudes de desprecio a las instituciones, a la ley y a la expresión popular están provocando repudio y agravando la desconfianza hacia las clases políticas.
Esto definitivamente tendrá un costo político importante para sus protagonistas. Pero además en el corto plazo, propiciará la utilización de todos los recursos legales y manifestaciones de presión al alcance de la ciudadanía, a fin de impedir que se retroceda en la democracia y la institucionalidad que se ha construido con tanto esfuerzo después de los Acuerdos de Paz.
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