A casi tres años de cumplir nuestro mandato al frente de la Cancillería salvadoreña, hemos avanzado significativamente en materia de política migratoria y en la protección de los derechos fundamentales de los salvadoreños que residen fuera de nuestro territorio.
Entre las iniciativas que el gobierno del presidente Mauricio Funes ha apoyado y que le han dado un respaldo legal a la condición y representación de los salvadoreños en el exterior se encuentra la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreño y su Familia, herramienta que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 2011. A más de un año de estar vigente, esta legislación no solo nos ha permitido darle ese marco legal a este importante tema, sino también elevar el perfil humano del fenómeno de la migración, el cual ha propiciado un particular desarrollo social, económico y cultural del país.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la entrada en vigor del respectivo Reglamento de Ejecución de esta ley, a partir del pasado 18 de abril, nos muestra también un sustancial avance en cuanto a la representatividad, la voz y el protagonismo que el Estado salvadoreño dará de ahora en adelante a la comunidad salvadoreña en el exterior, sin importar las distancias geográficas.
Para ello, la Cancillería, a través del Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, ha iniciado precisamente esta semana la convocatoria para integrar el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES), una instancia autónoma, descentralizada, de derecho público y sin fines de lucro, que tiene como objetivo crear y cumplir las políticas integrales sobre migración y desarrollo.
La diáspora salvadoreña tendrá en el CONMIGRANTES, por primera vez, no un espacio para expresar sus opiniones. Tendrá, más aún, un espacio fundamental en la toma de decisiones de país que toquen sus intereses y necesidades más primordiales.
Sobre este Consejo recaerá también la tarea de coordinar actividades a favor de la diáspora salvadoreña, el cumplimiento de las políticas migratorias que protejan y ayuden al desarrollo de las familias que dependen de los connacionales y que residan en el país, así como la definición de un fondo especial para poder sufragar los costos de repatriación de compatriotas fallecidos en el exterior o que se encuentren en situación vulnerable.
Pero el CONMIGRANTES se constituirá, además, en un ejercicio democrático interesante y retador para todos los involucrados, al ser sus miembros elegidos tras un proceso exhaustivo y abierto de selección, del que participarán asociaciones de salvadoreños en el exterior, organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema migratorio, asociaciones de la pequeña y mediana empresa, la Universidad de El Salvador y universidades privadas que también hayan trabajado el tema o estrategias específicas a favor de los migrantes salvadoreños.
Para emprender este proceso, nos hemos preocupado por recibir toda la asesoría necesaria, a fin de contar con una metodología de elección que garantice el carácter inclusivo y transparente del mismo. Como gobierno, nos interesa que la comunidad salvadoreña en el exterior fortalezca su identidad, se vuelva partícipe de su propio desarrollo y permanezca unida a su familia y su tierra. Con estos esfuerzos, consideramos, sin lugar a dudas, que vamos avanzando con paso decidido en esa ruta.