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Con la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), a los ciudadanos nos asiste legalmente el derecho de obtener información pública y a todo funcionario público el deber y obligación de entregarla. Desgraciadamente esta buena ley nace mutilada. Mutilada por un reglamento inconstitucional que va en contra de su letra y espíritu, y que trata de limitar su alcance. Mutilada por el incumplimiento del Ejecutivo de dotarla de institucionalidad y recursos.
Valga señalar que en algunos países el acceso a la información llega incluso a hacer pública la declaración de patrimonio e ingresos del funcionario. Gracias a ello se sabe que el presidente Obama y su familia tuvieron en 2011 ingresos netos de alrededor de 800 mil dólares. También gracias al escrutinio público anual que se hace del patrimonio e ingreso de la familia presidencial en Argentina, se hizo público que los Kirchner habían incrementado su patrimonio en un 710% entre 2003 y 2010.
Mientras que en España (el único país europeo que no posee ley de acceso a la información), el Parlamento aprobó en julio de 2011 una ley que obliga a los congresistas y senadores a poner en los sitios web del Congreso y el Senado sus declaraciones de ingreso y patrimonio (sin publicar dirección y precio de los inmuebles por razones de seguridad), así como a actualizar los mismos cuando sufran cambios. Así, simplemente tecleando una computadora el ciudadano/a puede saber cuánto declaran tener los parlamentarios en sus cuentas corrientes y de ahorros, acciones, fondos de inversión y planes de pensión, vehículos, propiedades, etcétera.
En el país la ley no contempla tal exigencia, pero no estaría mal que nos encamináramos hacia ella (estableciendo por supuesto los mecanismos de seguridad pertinente), y así conocer el patrimonio e ingreso familiar de todos aquellos funcionarios que manejan recursos públicos: presidente de la República y sus colaboradores cercanos, presidentes de las autónomas, ministros, diputados/as, alcaldes, altos empleados judiciales, entre los más relevantes. Sin duda esto ayudaría a dificultar la penetración del narcotráfico en el Estado, el transfuguismo, el tráfico de influencias, la corrupción, el soborno, aparte de contribuir a una mayor credibilidad de las instituciones.
Mientras no tengamos este tipo de leyes, y mientras esperamos la puesta en marcha del instituto que velará por el cumplimiento de la LAIP, la ciudadanía deberá ejercitar su derecho de petición informativa. Así para el caso, de ahora en adelante los funcionarios públicos están en la obligación de publicar, y entregar al que lo solicite, toda información oficiosa. ¿Qué tipo de información pública oficiosa se puede demandar? He acá, sin afán de agotarlas, algunas de las informaciones que los ciudadanos/as tienen derecho de saber: ¿cuántas y cuáles son las plazas que hay en la Asamblea Legislativa?, ¿quiénes las ocupan y cuál es su perfil y calificación?, ¿cuáles son los salarios de cada una de ellas?, ¿cuáles son los beneficios que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa y sus directivos, es decir, no solo cuáles son sus ingresos reales devengados sino también cuántos carros tienen asignados, cuántos vales de gasolina, cuántos guardaespaldas, etcétera?, ¿cuál es el detalle de gastos y viáticos de los viajes del funcionario y quiénes son sus acompañantes?, ¿cuál es el detalle de las plazas en la Presidencia de la República?, ¿cuál es el desglose preciso de su presupuesto?, ¿cómo y en qué se ha gastado este?, ¿cuál es el detalle de los gastos, contrataciones y licitaciones en las empresas autónomas, especialmente de CEL y sus subsidiarias como la INE?, ¿cuánto ganan sus funcionarios, quiénes son sus abogados o despachos y cuánto han ganado y están ganando en los litigios?, ¿cuál es el detalle de los gastos, contrataciones, comisiones, etcétera, incurridos en la construcción de la represa El Chaparral?
No serán informaciones fáciles de obtener, pero poco a poco la ciudadanía tiene que ir ejerciendo el derecho de saber qué se ha hecho y qué se está haciendo con sus contribuciones e impuestos.