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Tuve la oportunidad de asistir a la reunión entre el presidente Funes y su Gabinete de Seguridad con dirigentes gremiales y reconocidos empresarios del país, en la cual el mandatario invitó a estos a unirse a la iniciativa por la seguridad y el empleo. Obviamente, no se esperaba que como resultado de ese primer encuentro surgieran una agenda de trabajo o compromisos concretos, pues estos estarán en gran medida determinados por el concurso de otros actores importantes, como debe ser en cualquier emprendimiento que pretenda hacer frente a problemas que afectan a toda la ciudadanía.

Sin embargo, es comprensible la valoración que cada parte involucrada haga de tal iniciativa, particularmente porque la misma coincide con la reducción que, según fuentes oficiales, se está observando en los índices delincuenciales a partir de compromisos adquiridos entre los líderes de las pandillas más conocidas, con la mediación de terceros. Esto es relevante, porque independientemente de lo positivo que puede tener ese fenómeno, no puede deslindarse de la obligación constitucional que tiene el Estado de combatir el delito en sus diferentes manifestaciones y circunstancias.

Es alrededor de este último punto que han surgido algunas discrepancias. Por ejemplo, algunos dirigentes de la empresa privada consideran como una especie de presión con dedicatoria la petición de crear fuentes de trabajo bajo parámetros que no encajan en su forma tradicional de emprender negocios. En lo personal, tiendo a matizar este enfoque partiendo de la premisa de que el problema delincuencial está en gran medida determinado por la falta de oportunidades. Pero en esta conceptualización, parto también de una realidad: las oportunidades de empleo no surgen por arte de magia y mucho menos por decreto, al menos en el sector privado. Aun así, hay espacios no despreciables para estimular el empleo, tratando de minimizar los factores de riesgo que conlleva cualquier inversión. Algo de esto adelantó el secretario técnico de la Presidencia, al mencionar un segundo tramo de FOMILENIO y las alianzas público-privadas.

Pero también en nuestro caso, el tema de la inversión tiene otras connotaciones. Cualquier iniciativa presidencial –así esté revestida de los más loables propósitos– se relativiza, si no se inscribe en su verdadero contexto. Y en esto hay algo que quizás no alcanzamos a comprender. El mismo hecho de que El Salvador haya venido ocupando los últimos lugares en el hemisferio en cuanto a inversión extranjera ya sugiere que comparativamente no tenemos las condiciones para competir en este campo, ni siquiera con los países vecinos. Los flujos de recursos externos de carácter privado solo fueron sensibles en los años en que se privatizaron los sectores estratégicos y se vendieron los bancos y ciertas empresas vinculadas a la industria, que en su momento constituyeron un ejemplo. Inversiones nuevas, realmente se cuentan con los dedos de la mano.

La importancia de la seguridad jurídica, de la cual se habla mucho pero que se practica muy poco, es un tema central cuando se ponen en perspectiva las necesidades que tiene El Salvador de potenciar la inversión y el empleo, para salir del marasmo económico en que se encuentra. En este aspecto, la clase política no alcanza a dimensionar el daño que se le causa al país, cuando al tiempo que se actúa contra la convivencia civilizada, se pisotea la Constitución y se amoldan las instituciones a intereses particulares. No menos dañino resulta el discurso permanente contra el sector privado, al tiempo que se dilapidan los escasos recursos que le puede trasladar al fisco, un sistema productivo enclenque, en buena medida porque las tareas que le corresponden a la parte pública para potenciar el desarrollo se diluyen en una práctica política cargada de ideología, de opacidad e ineficacia.

En conclusión, la iniciativa por la seguridad y el empleo es loable y necesaria. Consiguientemente, todos debemos apoyarla, pero poniendo cada uno la cuota que le corresponde.