En una sociedad donde hay tantas necesidades no resueltas en los sectores económicamente más vulnerables y tan escasas posibilidades de progreso económico dentro de esos mismos sectores, la política de subsidios para la adquisición de ciertos servicios y productos básicos se vuelve casi inevitable. Así se comenzaron a acumular subsidios, entre los cuales hay uno que se ha vuelto el más controversial y conflictivo: el que se les otorga a los empresarios del transporte público a fin de evitar el incremento de las tarifas del mismo para la población usuaria. Los forcejeos entre los transportistas y el Gobierno se han vuelto constantes, sobre todo porque las fluctuaciones en los precios del combustible hacen más volátil la situación.

Es claro que, en este caso, el Gobierno no podría exponerse políticamente a un alza de las tarifas, que generaría de inmediato un gran repudio ciudadano; y, por otra parte, los empresarios tienen que ver su rentabilidad básica, de la cual depende que se puedan mantener en el negocio. Entre el petróleo con tendencia histórica al alza, el esquema empresarial disfuncional del transporte, la crisis fiscal que traumatiza la política de subsidios y las condiciones cada vez más apretadas de la economía de la gente, este es un tema que no parece tener solución a la vista, y que, de no tomarse medidas estructurales que atiendan en lo factible los intereses de todos los sectores involucrados, bien podría llegar a condición caótica.

Pero la cuestión va bastante más allá. El caso crítico del transporte sirve de radiografía dramática de cómo se han venido manejando las cosas en el país, con una política –si es que se le puede llamar así– de parches recurrentes, que nunca pueden llegar a ser remedios. Y ahora las consecuencias se juntan y los desafíos se incrementan. Es la consecuencia natural de nunca haber tenido una política de Estado, en vez de una cadena de medidas detonadas al vaivén de los intereses del momento. Hoy, además, hay choque de posiciones con trasfondo electoral: el FMLN ya dijo que no dará sus votos para rebajar el subsidio al transporte.

El problema fiscal del país es grave, por más explicaciones que se le apliquen y más justificaciones que se le busquen. Y la cosa se complica porque la agudización de dicha crisis, que desde luego no es de hoy, se está dando en un momento en que desde las instancias gubernamentales se ansía vehementemente demostrar que hay una política social novedosa y en marcha, lo cual demanda fuertes inyecciones de recursos que no existen. El endeudamiento está dando de sí, la modorra del crecimiento económico desactiva las posibilidades de una reforma tributaria significativa, y los juegos de imágenes de la política electoral parecen no darse cuenta del país y del mundo en que vivimos.

Como se dice con tanta frecuencia, aunque se aplique con tan poca asiduidad, el país necesita entendimientos nacionales que hagan viable su avance democratizador. Este es momento para pasar con urgencia del dicho al hecho. Y una de las tareas más apremiantes es catapultar el crecimiento económico, que es donde está la fuente principal de la estabilidad y del progreso. Hacerlo implica redimensionar creativamente el modelo económico, sin fantasmagorías ideológicas ni meras ocurrencias burocráticas.

Tenemos que tomar en serio el reto de volvernos competitivos, y no para sobrevivir mejor, sino para avanzar de veras hacia los nuevos espacios del desarrollo. Que cesen las disputas intrascendentes para dejarle campo al trabajo de nación.