Desde que se produjo, en 2009, la alternancia en el ejercicio del poder político, se vienen dando en el país distintas situaciones que por ser nuevas y en muchos sentidos inesperadas despiertan actitudes y desatan reacciones que contribuyen al tensionamiento ya usual en el ambiente. Esto es consecuencia de que no tenemos una tradición democrática arraigada, y las prácticas de interacción entre fuerzas diferentes y aun contrarias están en proceso de establecerse en forma de hábitos normales, como efecto del pluralismo que es natural en cualquier sociedad. En buena medida siguen prevaleciendo las imágenes y las conductas de raíz autoritaria, con los resultados negativos que pueden irse rastreando en el día a día de nuestra realidad.

En los tiempos más recientes, y en especial por efecto de una serie de sentencias de inconstitucionalidad pronunciadas al hilo por la Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia, se vienen produciendo contrapunteos entre las cúpulas de los tres órganos fundamentales del Gobierno —Legislativo, Ejecutivo y Judicial—, con las consabidas tentaciones que se le presentan a cada quien de salir al paso en defensa de sus posiciones o de sus intereses. Hay que decir que toda esta situación se ha dado por una evidente falta de autocontrol entre los distintos involucrados, y esto abarca a la Sala, a la Asamblea y al Ejecutivo. Cada quien tiene sus atribuciones, que son indelegables y deben ser invulnerables como tales; pero el ejercicio de las mismas requiere en todo caso mesura, prudencia, cálculo responsable de las consecuencias y apego razonable a la dinámica de interacción entre órganos, que la misma Constitución determina.

Se habla con facilidad de choque de poderes. Ese es un exceso terminológico. Lo que hay, en los incidentes que se han presentado hasta la fecha, son o bien exabruptos temperamentales o bien despliegues de maniobras que buscan imponer voluntades. Sin embargo, la realidad evolutiva del proceso democrático que vivimos va demostrando, con elocuencia cada vez más patente, que la arbitrariedad y la impunidad gubernamentales y políticas están cada vez más expuestas al examen público, y por consiguiente se hallan en creciente entredicho.

Toda sociedad es pluralista por naturaleza, ya que las percepciones, las ideas y los intereses se manifiestan con infinidad de diferencias y matices. El pluralismo político no es un simple mandato jurídico establecido en la Carta Magna: es un reflejo natural del pluralismo social que impera en todas partes. Al ser así, es lógico y esperable que haya siempre diferencias por procesar y por resolver, prácticamente en todas las áreas y niveles de la vida pública. Y ello requiere, por consecuencia, contar con una especie de manual de procedimientos democráticos para ir resolviendo situaciones específicas. Un manual no escrito, pero indispensable para regir los comportamientos dentro de la institucionalidad. El pretender que con brotes de ego y con golpes de efecto se pueden manejar las diferencias y los conflictos es un error muy peligroso.

Hemos venido insistiendo consistentemente en la necesidad de que todas las fuerzas nacionales, así como la ciudadanía en su conjunto organizado y no organizado, asuman la lógica democrática como regla fundamental de funcionamiento. Esto traerá no sólo más holgura respetuosa para trabajar por el bien común, sino menos desperdicio de energías nacionales valiosas que ahora se despilfarran en los desencuentros o en los conflictos de ocasión.