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En anteriores y variadas ocasiones hicimos ver que la forma cómo la anterior legislatura había elegido a los magistrados y fiscal no era apegada a derecho, que se había realizado bajo un procedimiento atropellado y políticamente interesado, y que podría tener serias consecuencias para la democracia y el desarrollo del país. La sentencia de inconstitucionalidad dictada por la Sala de lo Constitucional reafirma lo antes dicho.
Más allá de las razones legales a las que no me remito por no ser un experto en la materia, las formas y los procedimientos que se emplearon para elegir los magistrados y el fiscal fueron lisa y llanamente impresentables. Estuvo claro que el apuro eleccionario obedeció al aprovechamiento de una correlación de fuerzas favorable a aquellos que estaban incómodos con la falta de control sobre una independiente Sala de lo Constitucional.
Estuvo claro que las ridículas entrevistas de pocos minutos a los candidatos a magistrado fue un simple show mediático para cumplir una formalidad, y no apuntaban a indagar sobre la idoneidad y calidad de los candidatos. En fin, estuvo claro que en dicha elección predominaron los intereses de control institucional y de protección personal por parte de algunos partidos y dirigentes políticos que todavía digieren mal la democracia.
Ante semejantes atropellos, era inevitable esperar que la máxima instancia en materia constitucional dictaminara la inconstitucionalidad de la elección de magistrados de 2012, y de paso, obligada por las mismas valoraciones jurídicas aplicadas a esta elección, también dictaminara la inconstitucionalidad de la elección de magistrados de 2006.
No tuvieron más remedio que enderezar lo que la política partidaria ha venido torciendo de forma irresponsable e interesada.
No parece caber duda de que esta resolución de la sala, como el temor a las que vienen, desatará los más bajos intereses e irracionalidades de algunos partidos y dirigentes políticos, especialmente del FMLN y también de GANA (sobre todo si la elección del fiscal sigue la misma suerte). Ciertamente es un golpe para aquellos que dentro de sus filas tratan de impulsar una visión y proyecto autoritario, donde, como en Nicaragua, convergen los intereses de control institucional de una supuesta izquierda, y los de protección personal/grupal de una supuesta derecha. Sectores a los que, como he mencionado en otras ocasiones, el alimento de la democracia les produce diarrea mental.
Y esta indigestión los puede llevar a decir y hacer cualquier cosa (ya lanzaron en contra de la sala a los sindicatos que controlan y usan). ¿Hasta dónde estarán dispuestos a estirar la pita? La Asamblea está obligada a acatar lo dictaminado por el máximo tribunal constitucional, pero es factible que las fuerzas partidarias interesadas hagan todo lo posible para no hacerlo a costa de llevar al país a una crisis institucional. Y esto es lo que menos necesita el país en estos momentos.
Una crisis institucional que concentrará y consumirá durante semanas, o meses, las energías nacionales que ahora tanto se necesitan para consolidar la democracia y sobre todo para enfrentar la crítica situación económica que actualmente padecemos; una situación que sin duda se agravará en los próximos meses con la crisis internacional que se nos avecina. Un conflicto entre poderes que tensionará aún más la nociva polarización sociopolítica que nos mantiene cuasi paralizados, justamente en momentos donde más se necesita de acercamientos y entendimientos para abordar los graves problemas que nos aquejan. Un conflicto institucional que puede mermar los esfuerzos gubernamentales que se anuncian por impulsar leyes y acciones que contribuyan a la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, así como sus esfuerzos e iniciativas de cara a la coyuntura generada por la tregua de las pandillas.
Una crisis que al final desgastará y restará credibilidad a los mismos partidos políticos que se embauquen en contra de las resoluciones de una Sala de lo Constitucional con altos niveles de legitimidad y credibilidad entre amplios sectores de la población.
En fin, una crisis institucional en ciernes, pero todavía evitable, que no dejará nada bueno al país, ni a los mismos partidos políticos involucrados en este entuerto de intereses creados.