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Los partidos políticos son entidades destinadas a la obtención y conservación del poder, y los ciudadanos votamos por sus candidatos porque estamos de acuerdo con sus principios y programas de trabajo y consideramos que el país se verá beneficiado con la administración pública en sus manos.
Un partido político que no logra obtener el Poder Ejecutivo tiene que buscar una incidencia en el gobierno a través del Poder Legislativo y municipalidades a fin de que sus principios programáticos puedan realizarse en beneficio del país.
El FMLN ganó la elección presidencial, pero no ha logrado dirigir a su candidato, ahora presidente de la República, quien ha actuado como tal, presidente de todos los salvadoreños, y no ha seguido a pie juntilla los deseos del patrocinador; y por el resultado de las elecciones de marzo pasado, dicho partido ha iniciado otro camino, utilizando a otros partidos, para gobernar desde la Asamblea Legislativa y someter a la Sala de lo Constitucional único valladar para tener un poder casi absoluto y así actuar libre del control del Órgano Judicial, creyendo absurdamente que tendrá el apoyo de nuevos magistrados y del fiscal general de la República.
La Sala de lo Constitucional ha demostrado su independencia buscando establecer el Estado de Derecho protegiendo los derechos constitucionales de los salvadoreños, de manera que esa independencia del Órgano Judicial se ha convertido en el problema fundamental de esas organizaciones políticas que, en vez de buscar el bienestar del pueblo salvadoreño, persiguen afanosamente el poder, imponiéndose a los otros órganos del gobierno, ampliando sus facultades de legislar fuera de controles constitucionales.
Varias resoluciones de la sala han producido el disgusto de esos partidos políticos, pero baste destacar las que recomendaban listas abiertas y desbloqueadas, que permitió la posibilidad del voto por personas (en listas cerradas) y candidaturas independientes, que ha demostrado la voluntad del pueblo salvadoreño de escoger directamente a sus representantes y no dejarlo en manos de las cúpulas de los partidos políticos, razón por la que dichos partidos recibieron en las urnas el rechazo de muchos de sus tradicionales votantes.
La elección de un tercio de los magistrados de la Corte, realizada en forma anticipada, ha motivado las declaratorias de inconstitucionalidad de tales elecciones, por violación del art. 186 de la Constitución, que establece que dicha facultad electoral solo puede ejercerla la Asamblea cada tres años y que, por durar los diputados solo tres años en funciones, una misma legislatura no puede realizar más de una elección (no dos, como hizo en mayo de 2003 y abril de 2006 y en julio de 2009 y abril de 2012).
La carencia de formalización de los decretos y publicación en el Diario Oficial es una muestra de irrespeto a la ciudadanía y peor las amenazas a la sala por haber admitido sus peticiones, desconociendo así el derecho constitucional de todo salvadoreño de pedir la declaratoria de inconstitucionalidad de actos del gobierno contrarios a la Constitución, particularmente en cuanto a la integración, separación e independencia de los órganos del Gobierno, pretendiendo obtener, bajo amenazas, la rendición de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, para gozar de un poder casi totalitario.
Ante las sentencias de inconstitucionalidad de las elecciones de magistrados, algunos, otra vez, amenazan con recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia, que no es competente para intervenir, demostrando así su poco respeto a nuestra Constitución y a la soberanía nacional.