Se dice a menudo, desde distintos ámbitos de opinión, que la institucionalidad merece bastante más atención y cuidado que los que se le prestan en los hechos. Venimos de una larga época en que las instituciones respondían directamente, en su existencia y en su funcionamiento, a los intereses del poder de turno; y dicha práctica perversa y nociva ha marcado en gran medida nuestro devenir histórico. Pero los tiempos cambian, y más cuando hay una democratización en marcha. A esta dinámica tenemos ahora que responder, para que todo lo que se ha logrado al respecto se consolide y todo lo que se necesita avanzar halle rutas seguras.

El tema institucional ya no es exclusividad de especialistas y de teóricos, sino cuestión de interés cotidiano. Este es un signo de salud democrática que hay que tener en cuenta al hacer valoraciones sobre el desenvolvimiento progresivo de nuestro proceso. Sin embargo, dicho reconocimiento no debe disminuir en ningún sentido la permanente vigilancia que hay que mantener sobre el desempeño de las institucionales y, en especial, de aquéllos que, en un momento determinado, están a cargo de las mismas. Porque es evidente que los mayores peligros contra la institucionalidad surgen desde dentro de la misma, como lo vemos en el día a día.

La evidencia de lo que ha venido pasando en las relaciones entre las cúpulas de los tres órganos fundamentales del Gobierno es ilustrativa de que nos falta muchísimo por aprender en el manejo de los asuntos públicos, dentro de lo que deben ser las prácticas democráticas normales. Sólo hizo falta que hubiera una Sala de lo Constitucional que traspasara algunos límites de lo “permisible” conforme a los cánones políticos tradicionales para que la crisis se hiciera presente; y en el caso específico de la rebeldía dentro de la Asamblea Legislativa ante algunos fallos recientes, las cosas están llegando a niveles inverosímiles, que muestran una inmadurez muy peligrosa.

Situaciones como esa ponen sin duda en riesgo a la institucionalidad en su conjunto, pues si en los más altos planos de la gestión pública no existe aún la suficiente responsabilidad para sobrellevar y trascender diferencias normales, ¿qué puede esperarse de lo que se dé en otros planos? La sociedad salvadoreña, recargada de problemas, lo que menos necesita es que las instituciones se sumen a la problemática existente. Por el contrario, es de la institucionalidad de donde deben fluir los buenos ejemplos de una práctica democrática que irradie valores como la tolerancia, el respeto, la ecuanimidad y la madurez en las reacciones.

El fortalecimiento de los tejidos institucionales es una consecuencia directa del buen funcionamiento de la institucionalidad, y éste deriva, en gran medida, del comportamiento personal de los que están al frente de las mismas. Por eso es tan vital que se garantice una elección fina y certera de las figuras que se proponen para liderar y conducir los destinos institucionales, en los distintos campos del aparato estatal. Aquí los partidos tienen una responsabilidad de primer orden, y deben saber balancear las legítimas aspiraciones al triunfo electoral con la idoneidad de aquéllos que presentan a competir.

En la medida que la democratización avanza y madura, más determinante se vuelve el rol de los liderazgos tanto partidarios como gubernamentales, y esto lo va demostrando de manera inequívoca el curso mismo de los hechos en el escenario de la vida nacional.