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A lo mejor creyeron que con solo acudir a la CCJ tenían garantizados sus propios intereses, ignorando la gravitación que ejerce cada vez con más fuerza la ciudadanía cuando la clase política atropella sus derechos. Seguramente también pasaron por alto el papel que juega hoy en día la comunidad civilizada de naciones, allí donde se violan principios fundamentales de la democracia, como la separación de poderes y se pone en riesgo la armonía social.
Por supuesto que es imposible medir cuantitativamente el impacto final que el desacato del FMLN, GANA, CN y PES tendrá en todos los órdenes de la vida nacional. De lo que no cabe duda es que sus acciones marcarán un antes y un después, en un país que se ha ganado la admiración y el respeto de la comunidad internacional por sus sacrificios en busca de una sociedad cualitativamente distinta, más allá de nuestras propias valoraciones sobre el precio que hemos pagado por ello. Pero parece que este es insuficiente.
Sin embargo, para bien o para mal, la crisis institucional que vive el país ya trascendió sus fronteras. Y al decir esto, no estamos aludiendo al despropósito de elevar el caso a la CCJ, que paradójica e independientemente de cuál sea su fallo sin duda repercutirá negativamente en el Sistema de Integración y en los países miembros. El problema es tan serio, que ya tocó las puertas de Naciones Unidas, mientras en el mayor aliado de El Salvador dos senadores le han solicitado al presidente Obama que con la urgencia del caso y al más alto nivel, que se revisen los programas de cooperación con el país, particularmente el relacionado con la Cuenta del Milenio. Esto ya supone, además, un riesgo para el nuevo compacto que se está negociando. Pero los directamente involucrados en lo que algunos consideran como una conspiración también podrían ser castigados con la eliminación de sus visas.
Ante las iniciativas de los senadores Menéndez (D) y Rubio (R), las cabezas más visibles de los partidos mencionados, han reaccionado con altanería, minimizando el efecto que pueden tener en las decisiones del Ejecutivo peticiones como las planteadas. Con esto, nuestros legisladores, al tiempo sobrevaloran sus propia fortaleza, desvalorizan el peso que en las democracias maduras, como la estadounidense, tienen funcionarios de ese calibre. Sin embargo, es lo que estilan muchos países cooperantes y las sanciones a Nicaragua constituyen un buen ejemplo. Lo trágico es que con represalias económicas, es toda la población la que sufre las consecuencias de los desatinos de unos pocos.
Pero nadie puede cuestionar ese tipo de medidas, porque en definitiva se trata de un derecho soberano de los propios cooperantes. Y si de seguridad jurídica se trata, como la implicada en el desacato a los fallos de la SC, tampoco puede criticarse una eventual reacción de los inversionistas tanto locales como extranjeros, por muy lamentable que ello sea, en un país catalogado como el menos atractivo en toda América Latina.
En lo interno, ya el sector privado se ha retirado de importantes instancias en que participaba a través de gremiales o miembros prominentes de la comunidad empresarial. Con el retiro de la ANEP del Consejo Económico y Social y de los cinco conocidos empresarios que estaban colaborando en el proyecto Asocio para el Crecimiento, se ha retrocedido un gran trecho en lo concerniente a la legitimación de iniciativas relevantes para el desarrollo nacional. Además, esto ya trascendió también al plano internacional.
Todo ello afectará inevitablemente al país en todos los órdenes. Pero el costo relativo mayor tendrán que enfrentarlo los conjurados. De esto se encargarán los ciudadanos honestos.