Aunque se pretenda restar importancia a las reacciones que la crisis está generando en la comunidad internacional, lo cierto es que ya hay consecuencias concretas que pasan por poner en riesgo la continuación de programas de ayuda financiera. En nuestras circunstancias actuales, el solo hecho que ya exista una sugerencia para revisar si se suspenden programas como el de la Cuenta del Milenio debería provocar que los diputados y la Presidencia de la República actuaran con mayor responsabilidad y sensatez. ¿Cómo es posible que no vean el grave perjuicio que eso ocasionaría a los ciudadanos que directamente se benefician de las obras que pretenden ejecutarse con tales programas? ¿Cómo es posible que no se den cuenta de que eso agravaría las tasas de desempleo y prolongaría la carencia de inversión?

Pero esto no termina ahí. Los diputados no quieren darse cuenta de la inseguridad jurídica que se genera como consecuencia de su descomedido afán por prevalecer sobre sus oponentes y detractores. Así para el caso, a la fecha se ha conocido que dos magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, junto con dos personas que usurpan el rol de magistrados en esa misma sala, han decidido desconocer una resolución de la Sala de lo Constitucional pronunciada en un proceso de amparo promovido por la Superintendencia de Competencia. Tal como lo afirma el legítimo presidente en funciones, Dr. Florentín Meléndez, esto genera falsas expectativas en las partes procesales, que más temprano que tarde verán que las resoluciones dictadas por personas que no ostentan la calidad de magistrados terminarán de manera irremediable declarándose nulas.

Como era de esperarse, a este enredo se agrega el hecho que el fiscal general ha reiterado de manera pública no reconocer la calidad de magistrados a aquellos cuya elección fue declarada inconstitucional. Lo mismo han dicho buena parte de los jueces, quienes han hecho un llamado a respetar las decisiones de la Sala de lo Constitucional y han negado que el Dr. Ovidio Bonilla ostente la calidad de presidente de la Corte. Lógicamente el caos también existe dentro de los empleados de todo el Órgano Judicial, donde si bien hay apoyos divididos, el común denominador sigue siendo la incertidumbre.

Con todo esto, ¿qué ciudadano puede tener la seguridad que al recurrir a cualquiera de las salas de la Corte, la decisión que ahí se adopte no será anulada más adelante? Nuestro ordenamiento jurídico tambalea por culpa de las irresponsabilidades y la ceguera de nuestros diputados que no se dan cuenta de que no puede haber dos Cortes, que no puede haber dos presidentes de la Sala de lo Constitucional, que los ciudadanos necesitamos seguir haciendo uso del Órgano Judicial y que no podemos estar dependiendo de lo que un organismo foráneo e incompetente quiera venir a resolver.

Es imperativo detener este conflicto de poder de una vez por todas y velar por el cumplimiento de la Constitución, recordando que el Estado Salvadoreño está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.